/ miércoles 10 de febrero de 2021

“Constitución y Reformas”

Constitución de 1917 y derechos sociales




La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuido Poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y obedecer.

Presidente Venustiano Carranza

Sesión Inaugural del Congreso Constituyente,

1º de diciembre de 1916.


El pasado 5 de febrero conmemoramos el 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente en nuestros días cuyo legado representa las convicciones de aquellas mujeres y hombres que hicieron la Revolución Mexicana y su aspiración a un país democrático, progresista y con justicia social.

Venustiano Carranza, primer jefe del triunfante Ejército Constitucionalista y entonces encargado del Poder Ejecutivo, convocó al Congreso Constituyente el 1º de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, donde, ante 218 diputados, presentó el proyecto de Constitución que, tras la lucha armada, restablecería el orden social y daría cauce institucional a las demandas revolucionarias. El texto fue aprobado el 31 de enero de 1917.

Un elemento esencial de la Constitución de 1917 está relacionado con el reconocimiento de los derechos sociales y la incorporación de las garantías constitucionales para hacerlos efectivos, lo cual hizo de nuestra Carta Magna un texto de avanzada reconocido internacionalmente y tomado como referencia para otras normas fundamentales, como la Constitución de Rusia de 1918.

Los derechos sociales están plasmados en diversos preceptos de la Constitución de 1917 (Mendizábal, 2005: 163-171). El artículo 3o., referente a la educación como un derecho que debía ser gratuito y obligatorio al menos en la instrucción primaria y secundaria -actualmente la educación media superior también es obligatoria-. El artículo 4o., relacionado con la igualdad entre la mujer y el hombre, la familia y los derechos a la salud y vivienda -hoy día en este precepto también son reconocidos los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes-.

El artículo 27, sobre la propiedad de las tierras -legado histórico del movimiento liderado por Emiliano Zapata-. El artículo 28, que prohíbe la formación de monopolios económicos para proteger las libertades de trabajo, industria y comercio. Y el artículo 123, vinculado con el derecho al trabajo y la seguridad social.

Luego de la etapa neoliberal de nuestro país en el pasado reciente, que desvirtuó los ideales revolucionarios recrudeciendo la pobreza, la desigualdad y la violencia, los derechos sociales conforman uno de los pilares del gobierno de la Cuarta Transformación. Este propósito ha llevado a la actualización de la Constitución en el Congreso federal y la implementación de diversas acciones de política pública por parte del Gobierno de México.

En la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión llevamos a cabo varias reformas en la materia a la Constitución, entre ellas la reforma a su artículo 4° para garantizar el acceso universal y gratuito a la salud por medio de un sistema de salud para el bienestar, que hoy por hoy se traduce en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La misma reforma consideró el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad a través de una pensión universal, así como el acceso a una beca económica para las y los estudiantes de todos los niveles. Cabe mencionar que este mismo artículo fue reformado hace un año, para lograr el reconocimiento de los derechos de las juventudes.


A la par de los cambios constitucionales, hemos impulsado diversas reformas legales que se suman al nuevo andamiaje normativo. Es el caso de la reforma a las leyes en materia de trabajo para dar mayor institucionalidad a la democracia sindical y la justicia laboral, además del reconocimiento del trabajo del hogar remunerado.

En los próximos días llevaremos al debate legislativo la prohibición de la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, régimen que, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para octubre de 2019 mantenía en la ilegalidad a 2.9 millones de trabajadores, quienes son víctimas de esta forma de explotación moderna con bajos salarios y sin prestaciones de ley.

A 104 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, creada bajo la proclama “Constitución y Reformas” de los constituyentes, en la Cuarta Transformación nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería constitucional acorde con la exigencia popular de un cambio de régimen, sin corrupción y garante del Estado social de derecho que favorezca a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca hacemos eco de las voces de mujeres y hombres revolucionarios que lucharon por un México donde nadie se quede atrás.


*Diputada federal por Morena

@LoreniaValles

Constitución de 1917 y derechos sociales




La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuido Poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y obedecer.

Presidente Venustiano Carranza

Sesión Inaugural del Congreso Constituyente,

1º de diciembre de 1916.


El pasado 5 de febrero conmemoramos el 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente en nuestros días cuyo legado representa las convicciones de aquellas mujeres y hombres que hicieron la Revolución Mexicana y su aspiración a un país democrático, progresista y con justicia social.

Venustiano Carranza, primer jefe del triunfante Ejército Constitucionalista y entonces encargado del Poder Ejecutivo, convocó al Congreso Constituyente el 1º de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, donde, ante 218 diputados, presentó el proyecto de Constitución que, tras la lucha armada, restablecería el orden social y daría cauce institucional a las demandas revolucionarias. El texto fue aprobado el 31 de enero de 1917.

Un elemento esencial de la Constitución de 1917 está relacionado con el reconocimiento de los derechos sociales y la incorporación de las garantías constitucionales para hacerlos efectivos, lo cual hizo de nuestra Carta Magna un texto de avanzada reconocido internacionalmente y tomado como referencia para otras normas fundamentales, como la Constitución de Rusia de 1918.

Los derechos sociales están plasmados en diversos preceptos de la Constitución de 1917 (Mendizábal, 2005: 163-171). El artículo 3o., referente a la educación como un derecho que debía ser gratuito y obligatorio al menos en la instrucción primaria y secundaria -actualmente la educación media superior también es obligatoria-. El artículo 4o., relacionado con la igualdad entre la mujer y el hombre, la familia y los derechos a la salud y vivienda -hoy día en este precepto también son reconocidos los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes-.

El artículo 27, sobre la propiedad de las tierras -legado histórico del movimiento liderado por Emiliano Zapata-. El artículo 28, que prohíbe la formación de monopolios económicos para proteger las libertades de trabajo, industria y comercio. Y el artículo 123, vinculado con el derecho al trabajo y la seguridad social.

Luego de la etapa neoliberal de nuestro país en el pasado reciente, que desvirtuó los ideales revolucionarios recrudeciendo la pobreza, la desigualdad y la violencia, los derechos sociales conforman uno de los pilares del gobierno de la Cuarta Transformación. Este propósito ha llevado a la actualización de la Constitución en el Congreso federal y la implementación de diversas acciones de política pública por parte del Gobierno de México.

En la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión llevamos a cabo varias reformas en la materia a la Constitución, entre ellas la reforma a su artículo 4° para garantizar el acceso universal y gratuito a la salud por medio de un sistema de salud para el bienestar, que hoy por hoy se traduce en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La misma reforma consideró el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad a través de una pensión universal, así como el acceso a una beca económica para las y los estudiantes de todos los niveles. Cabe mencionar que este mismo artículo fue reformado hace un año, para lograr el reconocimiento de los derechos de las juventudes.


A la par de los cambios constitucionales, hemos impulsado diversas reformas legales que se suman al nuevo andamiaje normativo. Es el caso de la reforma a las leyes en materia de trabajo para dar mayor institucionalidad a la democracia sindical y la justicia laboral, además del reconocimiento del trabajo del hogar remunerado.

En los próximos días llevaremos al debate legislativo la prohibición de la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, régimen que, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para octubre de 2019 mantenía en la ilegalidad a 2.9 millones de trabajadores, quienes son víctimas de esta forma de explotación moderna con bajos salarios y sin prestaciones de ley.

A 104 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, creada bajo la proclama “Constitución y Reformas” de los constituyentes, en la Cuarta Transformación nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería constitucional acorde con la exigencia popular de un cambio de régimen, sin corrupción y garante del Estado social de derecho que favorezca a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca hacemos eco de las voces de mujeres y hombres revolucionarios que lucharon por un México donde nadie se quede atrás.


*Diputada federal por Morena

@LoreniaValles