/ domingo 19 de julio de 2020

Contra la pesca ilegal

El 19 de marzo presenté ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de Marina (Semar) funciones en materia de inspección y vigilancia pesquera y acuícola —actualmente exclusivas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)—. Esta propuesta responde a la necesidad de frenar la pesca ilegal en el país, práctica que ha vulnerado la competencia entre productores y afectado el medio ambiente.

La iniciativa que promuevo con otras compañeras diputadas de Morena ha provocado el interés de especialistas, autoridades de diversos ámbitos y organizaciones de la sociedad civil como la asociación Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas, que ha estado realizando el ciclo de conversatorios: “¿Qué implica la transferencia de atribuciones de inspección y vigilancia de la Conapesca a la Semar?”, en el cual yo participé la semana pasada.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), México ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial, siendo Sonora el estado que más produce del país. No obstante, la misma dependencia declaró que los cuatro estados con mayor número de acciones de inspección y vigilancia son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la pesca ilegal puede desencadenar diversas afectaciones, entre ellas:

• Daños a los ecosistemas marítimos, como fondos de corales y plantas acuáticas.

• Reducción de la disponibilidad de ciertos productos debido a su excesiva extracción, alterando la cadena de producción.

• Riesgos en materia de seguridad y sanidad, así como de las condiciones laborales de los pescadores.

• A la cadena de valor, procesado, transporte y comercialización de estos productos, con riesgos para la salud de los consumidores al no conocer su sanidad, ni tener asegurado su nivel microbiológico y libre de metales.

La obligación del estado de establecer mecanismos, programas y acciones para ordenar, fomentar, proteger y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura en el país está sustentada en aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. El desarrollo de las acciones de inspección y vigilancia implica la acción coordinada de distintas dependencias federales, entre ellas la Semarnat, la Sader, la Semar y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Nuestra iniciativa propone una coordinación entre la Sader y la Semar en la materia, la cual implica un trabajo con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, as como productores y comunidades indígenas en la formulación, operación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, ya previsto en la Ley.

Asimismo, se plantea que los procedimientos de inspección y vigilancia sean realizados por personal autorizado y debidamente capacitado, quienes para el desempeño de su labor deberán contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada.

No existiría un impacto económico que afecte al erario, porque en el régimen transitorio se establece que no exista un aumento presupuestal a la Semar como parte de sus nuevas atribuciones para el presente ejercicio fiscal ni los subsecuentes, sino que el titular de la Sader deberá transferir los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Esta propuesta es acorde con la naturaleza administrativa de la Semar, de ser aprobada la iniciativa se otorgarían atribuciones de inspección y vigilancia de las actividades derivadas de la pesca y acuacultura, que se sumarían de manera idónea a las que ya tiene de ejercer autoridad para procurar la soberanía en el mar territorial. Asimismo, se aprovecharían las capacidades y actividades náuticas y navales de esa dependencia federal, permitiendo impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y coadyuvar en la preservación de la biodiversidad marina.




* Diputada federal por Morena.

www.loreniavalles.mx

@LoreniaValles

El 19 de marzo presenté ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de Marina (Semar) funciones en materia de inspección y vigilancia pesquera y acuícola —actualmente exclusivas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)—. Esta propuesta responde a la necesidad de frenar la pesca ilegal en el país, práctica que ha vulnerado la competencia entre productores y afectado el medio ambiente.

La iniciativa que promuevo con otras compañeras diputadas de Morena ha provocado el interés de especialistas, autoridades de diversos ámbitos y organizaciones de la sociedad civil como la asociación Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas, que ha estado realizando el ciclo de conversatorios: “¿Qué implica la transferencia de atribuciones de inspección y vigilancia de la Conapesca a la Semar?”, en el cual yo participé la semana pasada.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), México ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial, siendo Sonora el estado que más produce del país. No obstante, la misma dependencia declaró que los cuatro estados con mayor número de acciones de inspección y vigilancia son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la pesca ilegal puede desencadenar diversas afectaciones, entre ellas:

• Daños a los ecosistemas marítimos, como fondos de corales y plantas acuáticas.

• Reducción de la disponibilidad de ciertos productos debido a su excesiva extracción, alterando la cadena de producción.

• Riesgos en materia de seguridad y sanidad, así como de las condiciones laborales de los pescadores.

• A la cadena de valor, procesado, transporte y comercialización de estos productos, con riesgos para la salud de los consumidores al no conocer su sanidad, ni tener asegurado su nivel microbiológico y libre de metales.

La obligación del estado de establecer mecanismos, programas y acciones para ordenar, fomentar, proteger y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura en el país está sustentada en aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. El desarrollo de las acciones de inspección y vigilancia implica la acción coordinada de distintas dependencias federales, entre ellas la Semarnat, la Sader, la Semar y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Nuestra iniciativa propone una coordinación entre la Sader y la Semar en la materia, la cual implica un trabajo con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, as como productores y comunidades indígenas en la formulación, operación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, ya previsto en la Ley.

Asimismo, se plantea que los procedimientos de inspección y vigilancia sean realizados por personal autorizado y debidamente capacitado, quienes para el desempeño de su labor deberán contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada.

No existiría un impacto económico que afecte al erario, porque en el régimen transitorio se establece que no exista un aumento presupuestal a la Semar como parte de sus nuevas atribuciones para el presente ejercicio fiscal ni los subsecuentes, sino que el titular de la Sader deberá transferir los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Esta propuesta es acorde con la naturaleza administrativa de la Semar, de ser aprobada la iniciativa se otorgarían atribuciones de inspección y vigilancia de las actividades derivadas de la pesca y acuacultura, que se sumarían de manera idónea a las que ya tiene de ejercer autoridad para procurar la soberanía en el mar territorial. Asimismo, se aprovecharían las capacidades y actividades náuticas y navales de esa dependencia federal, permitiendo impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y coadyuvar en la preservación de la biodiversidad marina.




* Diputada federal por Morena.

www.loreniavalles.mx

@LoreniaValles