/ miércoles 5 de agosto de 2020

El efecto dominó de Lozoya

Como la reacción en cadena que sucede cuando se tira una ficha de dominó sobre las demás que se superponen, la extradición de Emilio Lozoya Austin a México ha comenzado a provocar un efecto similar en la clase política neoliberal que gobernó el país hasta el 2018, aunque varios de sus representantes sobreviven políticamente en los congresos y en algunos de los gobiernos estatales o bien otros, por obvias razones, han preferido estar al margen de los reflectores.

El proceso contra Lozoya, a quien se le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ha puesto ante la mirada pública información sobre la corrupción sistemática del peñanietismo como las negociaciones en torno a la aprobación de las reformas estructurales, entre éstas la energética e involucran a exfuncionarios y exlegisladores emanados fundamentalmente de las filas del PRI y del PAN.

Este martes comenzaron las comparecencias del exdirector de Pemex ante el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, por el caso de “Agro Nitrogenados”. Lozoya se declaró inocente y aseguró haber sido "sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado" (sic) y aseguró que denunciará "a los autores de estos hechos (…) para colaborar con las autoridades del estado mexicano".

El 24 de julio, Reforma publicó en su primera plana la nota: “Paga Odebrecht campaña de EPN”, en la que se difunde un presunto testimonio que brindó Emilio Lozoya a las autoridades mexicanas a cambio de negociar las acusaciones que se le imputan y aseguró que en el 2012 la empresa brasileña dio 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y más tarde entregó 6 millones de dólares para sobornar a legisladores a cambio de su voto a favor de la reforma energética.

Lozoya involucra directamente a Peña Nieto y Luis Videgaray en estos hechos.

En la misma página aparece la nota: “Revela Lozoya sobornos a panistas”, donde se alude al pago a legisladores del PAN por 52 millones 380 mil pesos por la aprobación de diversas reformas del “Pacto por México”. Ahí se mencionó del pago de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya cuando fungía como presidente de la Cámara de Diputados. También aparecieron como beneficiarios de los sobornos los actuales gobernadores Francisco Domínguez y Francisco Cabeza de Vaca, así como el excoordinador de los senadores panistas, Ernesto Cordero, quien es cercano a Felipe Calderón.

El peñanietismo vio al erario como un negocio privado para el financiamiento de sus campañas y el enriquecimiento ilícito de la cúpula priísta. A pesar de los esfuerzos de sus principales líderes por desmarcarse y negar la militancia de Lozoya, los Duarte, Borge y todo lo que una vez llamaron “el nuevo PRI” parece que no hay nada que pueda limpiar la imagen de corrupción con que el imaginario colectivo identifica sus siglas.

En cuanto al PAN, aunque su principal marca es la sangre que el calderonismo dejó a su paso con la fallida guerra contra el narcotráfico, no cabe duda de su pacto con el priísmo posibilitó que ambos grupos conservaran sus privilegios y negocios con amparo del poder central. Recuérdese a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Calderón, que hoy enfrenta un proceso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, que no fueron tocados durante el gobierno de Peña Nieto.

El objetivo más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción. Por ello, desde el Ejecutivo y el Legislativo se ha venido construyendo el andamiaje jurídico e institucional para que cualquier acto de corrupción sea castigado conforme a la ley y no siga primando la impunidad.

En la comparecencia de este martes la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex solicitaron la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, la defensa solicitó el criterio de oportunidad. Al término de la redacción de esta columna, aún no existe información del juez sobre la situación jurídica del exfuncionario.

El caso Lozoya puede ser una oportunidad para un maxiproceso que culmine con la caída de todas las fichas de dominó o al menos de las que más saquearon al país.

Colofón:

Aquel 13 de diciembre del 2013, cuando en la Cámara de Diputados se votó la reforma energética con 354 a favor, 134 en contra y cero abstenciones, los únicos diputados de Sonora que votamos en contra de esa reforma fuimos Alfonso Durazo y su servidora Lorenia Valles, quien suscribe esta columna.

Habría que preguntarle a los otros diputados sonorenses que formaron parte de la LXII Legislatura por qué votaron a favor del saqueo a Pemex y la traición al pueblo de México.

Diputada federal por Morena.

www.loreniavalles.mx

@LoreniaValles

Como la reacción en cadena que sucede cuando se tira una ficha de dominó sobre las demás que se superponen, la extradición de Emilio Lozoya Austin a México ha comenzado a provocar un efecto similar en la clase política neoliberal que gobernó el país hasta el 2018, aunque varios de sus representantes sobreviven políticamente en los congresos y en algunos de los gobiernos estatales o bien otros, por obvias razones, han preferido estar al margen de los reflectores.

El proceso contra Lozoya, a quien se le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ha puesto ante la mirada pública información sobre la corrupción sistemática del peñanietismo como las negociaciones en torno a la aprobación de las reformas estructurales, entre éstas la energética e involucran a exfuncionarios y exlegisladores emanados fundamentalmente de las filas del PRI y del PAN.

Este martes comenzaron las comparecencias del exdirector de Pemex ante el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, por el caso de “Agro Nitrogenados”. Lozoya se declaró inocente y aseguró haber sido "sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado" (sic) y aseguró que denunciará "a los autores de estos hechos (…) para colaborar con las autoridades del estado mexicano".

El 24 de julio, Reforma publicó en su primera plana la nota: “Paga Odebrecht campaña de EPN”, en la que se difunde un presunto testimonio que brindó Emilio Lozoya a las autoridades mexicanas a cambio de negociar las acusaciones que se le imputan y aseguró que en el 2012 la empresa brasileña dio 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y más tarde entregó 6 millones de dólares para sobornar a legisladores a cambio de su voto a favor de la reforma energética.

Lozoya involucra directamente a Peña Nieto y Luis Videgaray en estos hechos.

En la misma página aparece la nota: “Revela Lozoya sobornos a panistas”, donde se alude al pago a legisladores del PAN por 52 millones 380 mil pesos por la aprobación de diversas reformas del “Pacto por México”. Ahí se mencionó del pago de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya cuando fungía como presidente de la Cámara de Diputados. También aparecieron como beneficiarios de los sobornos los actuales gobernadores Francisco Domínguez y Francisco Cabeza de Vaca, así como el excoordinador de los senadores panistas, Ernesto Cordero, quien es cercano a Felipe Calderón.

El peñanietismo vio al erario como un negocio privado para el financiamiento de sus campañas y el enriquecimiento ilícito de la cúpula priísta. A pesar de los esfuerzos de sus principales líderes por desmarcarse y negar la militancia de Lozoya, los Duarte, Borge y todo lo que una vez llamaron “el nuevo PRI” parece que no hay nada que pueda limpiar la imagen de corrupción con que el imaginario colectivo identifica sus siglas.

En cuanto al PAN, aunque su principal marca es la sangre que el calderonismo dejó a su paso con la fallida guerra contra el narcotráfico, no cabe duda de su pacto con el priísmo posibilitó que ambos grupos conservaran sus privilegios y negocios con amparo del poder central. Recuérdese a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Calderón, que hoy enfrenta un proceso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, que no fueron tocados durante el gobierno de Peña Nieto.

El objetivo más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción. Por ello, desde el Ejecutivo y el Legislativo se ha venido construyendo el andamiaje jurídico e institucional para que cualquier acto de corrupción sea castigado conforme a la ley y no siga primando la impunidad.

En la comparecencia de este martes la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex solicitaron la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, la defensa solicitó el criterio de oportunidad. Al término de la redacción de esta columna, aún no existe información del juez sobre la situación jurídica del exfuncionario.

El caso Lozoya puede ser una oportunidad para un maxiproceso que culmine con la caída de todas las fichas de dominó o al menos de las que más saquearon al país.

Colofón:

Aquel 13 de diciembre del 2013, cuando en la Cámara de Diputados se votó la reforma energética con 354 a favor, 134 en contra y cero abstenciones, los únicos diputados de Sonora que votamos en contra de esa reforma fuimos Alfonso Durazo y su servidora Lorenia Valles, quien suscribe esta columna.

Habría que preguntarle a los otros diputados sonorenses que formaron parte de la LXII Legislatura por qué votaron a favor del saqueo a Pemex y la traición al pueblo de México.

Diputada federal por Morena.

www.loreniavalles.mx

@LoreniaValles