/ sábado 9 de enero de 2021

El lado pafa de las cosas

Ser un ciudadano cumplido es costoso para el que lo desea, como cada inicio de año, la renovación de placas y licencia es uno de los principales gastos del contribuyente. Y es que las interminables y agonizantes filas para realizar el trámite burocrático como cada año desalientan a cualquiera.

Se pueden aguantar muchas cosas para los trámites de licencia y placas, desde filas interminables, “coyotes” que “agilizan los trámites” si son contratados. Que el amigo, primo, hermano, pareja o amante de algún servidor use sus palancas para no hacer fila, ni esperar turno como los demás mortales suelen hacerlo, incluso la gente aguanta esa extraña y tradicional coincidencia anual en la que siempre falla el sistema en los primeros días del año, pero lo que tal vez pronto ya no llegue a aguantar es el abuso en los precios de expedición para placas y licencias.

Mientras el padrón vehicular legal en San Luis parece disminuir por sus altos costos, las organizaciones pafas emisoras de placas de cartón saben aprovecharlo y terminan llevándose esa agua a su molino, dinero que deja de percibir el estado y por consiguiente representa un déficit en las arcas estatales que afecta directamente en los recursos, dejándole al estado dos salidas. La primera, aumentar la recaudación subiendo el precio de renovación y expedición de licencias y placas a los ciudadanos que si cumplen, con el fin de compensar la fuga de capital. La segunda, aumentar en otros rubros o solicitar préstamos a nivel estado para subsanar la pérdida en las finanzas de recaudación estatales.

Que ciudadano va a querer cumplir sus obligaciones de contribuyente si mira que los carros con placas de cartón no ocupan traerlas vigentes para circular y no los detendrá la Policía por traer “placas vencidas”, para qué va a querer el contribuyente renovar placas si circular en un auto rotulado con información de algún negocio es más efectivo que traer matrícula.

Las organizaciones pafa se han convertido en un problema gigantesco y ya es hora de que el gobierno haga algo al respecto o por decreto se regularizan todos los autos y se prohíbe la existencia de estos organismos que representan un déficit en la recaudación pública que termina afectando directamente a todos los ciudadanos, pues a menor recaudación, menor presupuesto para obras de desarrollo e infraestructura pública. O se hace un padrón vehicular de autos “chocolate” similar al de Baja California, en donde ese dinero no caiga en manos de privados y sí en manos del estado, con ello el ciudadano podría circular libremente por el municipio.

Los ciudadanos requieren un vehículo para moverse y muchas veces es auto “chocolate” y no porque quieran, sino porque para legalizarlo resulta altamente costoso. Ahora, si el mismo gobierno fue quien encareció la regularización y no hace nada para resolverlo con el pasar de los años, habría preguntarse quién o quiénes están detrás de estas organizaciones y se han enriquecido a costa del estado con el paso de los años.

Si los precios para renovar fueran accesibles, la recaudación sería mayor.

Ser un ciudadano cumplido es costoso para el que lo desea, como cada inicio de año, la renovación de placas y licencia es uno de los principales gastos del contribuyente. Y es que las interminables y agonizantes filas para realizar el trámite burocrático como cada año desalientan a cualquiera.

Se pueden aguantar muchas cosas para los trámites de licencia y placas, desde filas interminables, “coyotes” que “agilizan los trámites” si son contratados. Que el amigo, primo, hermano, pareja o amante de algún servidor use sus palancas para no hacer fila, ni esperar turno como los demás mortales suelen hacerlo, incluso la gente aguanta esa extraña y tradicional coincidencia anual en la que siempre falla el sistema en los primeros días del año, pero lo que tal vez pronto ya no llegue a aguantar es el abuso en los precios de expedición para placas y licencias.

Mientras el padrón vehicular legal en San Luis parece disminuir por sus altos costos, las organizaciones pafas emisoras de placas de cartón saben aprovecharlo y terminan llevándose esa agua a su molino, dinero que deja de percibir el estado y por consiguiente representa un déficit en las arcas estatales que afecta directamente en los recursos, dejándole al estado dos salidas. La primera, aumentar la recaudación subiendo el precio de renovación y expedición de licencias y placas a los ciudadanos que si cumplen, con el fin de compensar la fuga de capital. La segunda, aumentar en otros rubros o solicitar préstamos a nivel estado para subsanar la pérdida en las finanzas de recaudación estatales.

Que ciudadano va a querer cumplir sus obligaciones de contribuyente si mira que los carros con placas de cartón no ocupan traerlas vigentes para circular y no los detendrá la Policía por traer “placas vencidas”, para qué va a querer el contribuyente renovar placas si circular en un auto rotulado con información de algún negocio es más efectivo que traer matrícula.

Las organizaciones pafa se han convertido en un problema gigantesco y ya es hora de que el gobierno haga algo al respecto o por decreto se regularizan todos los autos y se prohíbe la existencia de estos organismos que representan un déficit en la recaudación pública que termina afectando directamente a todos los ciudadanos, pues a menor recaudación, menor presupuesto para obras de desarrollo e infraestructura pública. O se hace un padrón vehicular de autos “chocolate” similar al de Baja California, en donde ese dinero no caiga en manos de privados y sí en manos del estado, con ello el ciudadano podría circular libremente por el municipio.

Los ciudadanos requieren un vehículo para moverse y muchas veces es auto “chocolate” y no porque quieran, sino porque para legalizarlo resulta altamente costoso. Ahora, si el mismo gobierno fue quien encareció la regularización y no hace nada para resolverlo con el pasar de los años, habría preguntarse quién o quiénes están detrás de estas organizaciones y se han enriquecido a costa del estado con el paso de los años.

Si los precios para renovar fueran accesibles, la recaudación sería mayor.

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