/ martes 4 de agosto de 2020

Hablemos Derecho

LA PENSIÓN COMPESATORIA EN LOS DIVORCIOS.


Muchas mujeres temen divorciarse o dar por terminado su relación de concubinato, debido a la incertidumbre de no contar con ingresos económicos propios que le permitan satisfacer sus necesidades personales, ya que, durante el matrimonio o el concubinato, se dedicaron en forma exclusiva a las labores propias del hogar.

Pero desconocen que en nuestro sistema legal mexicano, existe la llamada “pensión compensatoria”, misma que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta consiste en que el juez podrá decretar el pago de alimentos a favor del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia y carezca de bienes inmuebles, lo anterior, al haber asumido en mayor medida que el otro, las cargas domésticas y de cuidado, lo cual propició que se encuentre en una desventaja económica tal, que afecta su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

Lo anterior, debido a que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por quien se benefició directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos esposos en caso de disolución del vínculo conyugal.

Y toda vez que los juzgadores tienen la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, por lo tanto, deberán de examinar cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes y considerar elementos que garanticen la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades, como: el ingreso del deudor, las necesidades de la acreedora, nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado, la edad y el estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo o, en su caso, el ingreso que percibe la parte acreedora –en el supuesto de contar con un empleo–, la duración del matrimonio, dedicación pasada y futura a la familia y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante para lograr que se cumplan los objetivos para los que fue diseñada, incluso, a falta de prueba, su determinación debe estar sustentada en métodos válidos de argumentación jurídica por constituir una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria de los ex cónyuges.

Sin embargo, esta obligación cesará en caso de que la beneficiaria contraiga nuevas nupcias; se una en concubinato o mantenga una relación de pareja; recupere la capacidad para laborar; o sobrevenga el nacimiento de un hijo de persona distinta al deudor.

De tal suerte, que la “pensión compensatoria” procede cuando de decretarse el divorcio, la mujer se ubique en una situación de desventaja económica que repercute en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para pagar sus necesidades y que le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

Y tiene como objetivo compensar a la mujer que durante el matrimonio se vio imposibilitada para hacerse cargo de su independencia económica, principalmente por dedicarse al cuidado de los hijos y las labores del hogar. La pensión compensatoria le proporciona un ingreso hasta que se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.

En conclusión: La cónyuge o concubina, al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

LA PENSIÓN COMPESATORIA EN LOS DIVORCIOS.


Muchas mujeres temen divorciarse o dar por terminado su relación de concubinato, debido a la incertidumbre de no contar con ingresos económicos propios que le permitan satisfacer sus necesidades personales, ya que, durante el matrimonio o el concubinato, se dedicaron en forma exclusiva a las labores propias del hogar.

Pero desconocen que en nuestro sistema legal mexicano, existe la llamada “pensión compensatoria”, misma que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta consiste en que el juez podrá decretar el pago de alimentos a favor del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia y carezca de bienes inmuebles, lo anterior, al haber asumido en mayor medida que el otro, las cargas domésticas y de cuidado, lo cual propició que se encuentre en una desventaja económica tal, que afecta su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

Lo anterior, debido a que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por quien se benefició directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos esposos en caso de disolución del vínculo conyugal.

Y toda vez que los juzgadores tienen la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, por lo tanto, deberán de examinar cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes y considerar elementos que garanticen la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades, como: el ingreso del deudor, las necesidades de la acreedora, nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado, la edad y el estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo o, en su caso, el ingreso que percibe la parte acreedora –en el supuesto de contar con un empleo–, la duración del matrimonio, dedicación pasada y futura a la familia y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante para lograr que se cumplan los objetivos para los que fue diseñada, incluso, a falta de prueba, su determinación debe estar sustentada en métodos válidos de argumentación jurídica por constituir una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria de los ex cónyuges.

Sin embargo, esta obligación cesará en caso de que la beneficiaria contraiga nuevas nupcias; se una en concubinato o mantenga una relación de pareja; recupere la capacidad para laborar; o sobrevenga el nacimiento de un hijo de persona distinta al deudor.

De tal suerte, que la “pensión compensatoria” procede cuando de decretarse el divorcio, la mujer se ubique en una situación de desventaja económica que repercute en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para pagar sus necesidades y que le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

Y tiene como objetivo compensar a la mujer que durante el matrimonio se vio imposibilitada para hacerse cargo de su independencia económica, principalmente por dedicarse al cuidado de los hijos y las labores del hogar. La pensión compensatoria le proporciona un ingreso hasta que se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.

En conclusión: La cónyuge o concubina, al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

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