/ miércoles 12 de agosto de 2020

HABLEMOS DERECHO

Restricción provisional de la libertad personal



La libertad personal es uno de los principales derechos humanos y se encuentra formalmente reconocido tanto a nivel interno como internacional y en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.

Ahora bien, en el ámbito penal se ha sostenido que para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva.

Sin embargo, al margen de estos casos existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y deben cumplir otros parámetros para validar su constitucionalidad. Estas restricciones provisionales al ejercicio de un derecho no conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública.

Es decir, los agentes de seguridad pública tienen atribuciones para efectos de prevenir, investigar y perseguir las posibles conductas delictivas, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implican actos de investigación o de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto con los ciudadanos entre la autoridad y los particulares.

Un primer nivel de contacto es la restricción temporal de la libertad personal, que surge como una afectación momentánea de esa libertad que debe estar justificada constitucionalmente bajo la existencia de una suposición razonable que se está cometiendo una conducta delictiva.

Un segundo nivel se origina con la privación de la libertad personal, a partir de una detención, el cual se justifica con base en ciertos requisitos constitucionalmente exigidos, entre ellos, la flagrancia.

Sin embargo, la realización de estos controles excluye la posibilidad que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, como sería únicamente por la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, ya que estos motivos no podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito.

Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la Policía.

En este contexto, las condiciones en las cuales la Policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la Policía, ya que al no existir la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, los agentes de la autoridad tendrán que basarse en las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional, ya sea por una denuncia informal o anónima o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito.

Por lo tanto, para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. De este modo, la autoridad de Policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó "sospechosa" o "evasivamente" (esto es que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo o bien cómo intentó darse a la fuga), para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional.

Ya que de considerar como suficiente el dicho de la autoridad que aduzca simplemente que el inculpado "adoptó una actitud evasiva ante su presencia" sin aportar mayores elementos que permitan justificar un control preventivo provisional, se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona, sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial.

licscarmona@gmail.com

Restricción provisional de la libertad personal



La libertad personal es uno de los principales derechos humanos y se encuentra formalmente reconocido tanto a nivel interno como internacional y en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.

Ahora bien, en el ámbito penal se ha sostenido que para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva.

Sin embargo, al margen de estos casos existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y deben cumplir otros parámetros para validar su constitucionalidad. Estas restricciones provisionales al ejercicio de un derecho no conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública.

Es decir, los agentes de seguridad pública tienen atribuciones para efectos de prevenir, investigar y perseguir las posibles conductas delictivas, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implican actos de investigación o de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto con los ciudadanos entre la autoridad y los particulares.

Un primer nivel de contacto es la restricción temporal de la libertad personal, que surge como una afectación momentánea de esa libertad que debe estar justificada constitucionalmente bajo la existencia de una suposición razonable que se está cometiendo una conducta delictiva.

Un segundo nivel se origina con la privación de la libertad personal, a partir de una detención, el cual se justifica con base en ciertos requisitos constitucionalmente exigidos, entre ellos, la flagrancia.

Sin embargo, la realización de estos controles excluye la posibilidad que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, como sería únicamente por la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, ya que estos motivos no podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito.

Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la Policía.

En este contexto, las condiciones en las cuales la Policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la Policía, ya que al no existir la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, los agentes de la autoridad tendrán que basarse en las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional, ya sea por una denuncia informal o anónima o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito.

Por lo tanto, para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. De este modo, la autoridad de Policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó "sospechosa" o "evasivamente" (esto es que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo o bien cómo intentó darse a la fuga), para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional.

Ya que de considerar como suficiente el dicho de la autoridad que aduzca simplemente que el inculpado "adoptó una actitud evasiva ante su presencia" sin aportar mayores elementos que permitan justificar un control preventivo provisional, se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona, sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial.

licscarmona@gmail.com

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