/ martes 18 de agosto de 2020

HABLEMOS DERECHO

De la sociedad conyugal, su conformación, administración y terminación dentro del contrato matrimonial




El régimen de sociedad conyugal, que puede ser convencional o legal, es el régimen patrimonial más común que adoptan los consortes al celebrar su contrato de matrimonio. Nuestro Código de Familia prevé que si al momento de contraer matrimonio no se especifica el régimen adoptado, se entenderá que los esposos aceptan tácitamente las disposiciones sobre la sociedad conyugal legal.

Asimismo, menciona que los bienes que integran la sociedad conyugal constituyen un patrimonio común, diverso del patrimonio propio de cada cónyuge, por lo que se entenderá que son propios de cada cónyuge: I.- Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, así como los que poseía antes de éste si los adquiere por prescripción durante la vigencia de la sociedad; II.- Los que adquiera cada cónyuge por donación de cualquier especie, herencia o legado constituido exclusivamente en su favor, así como los bienes de fortuna; III.- Los créditos o derechos que hayan adquirido por título propio anterior al matrimonio, aunque el importe se haya cubierto después de su celebración; IV.- Los bienes adquiridos por permuta de bienes propios o con el precio obtenido de su venta; V.- Los que se adquieran por consolidación de la propiedad y el usufructo; VI.- Los derechos de autor o de propiedad industrial que pertenezcan a uno de los cónyuges y VII.- Los objetos de uso personal.

En cambio, conforme lo previsto en el Código Familiar, forman parte del patrimonio común: I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de su profesión, trabajo o actividad lícita; II.- La herencia, legado o donación hechos en favor de ambos cónyuges sin designación de parte; III.- Los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la vigencia de la sociedad, procedente de los bienes comunes o propios de cada cónyuge; IV.- El precio sacado de la masa social para que un cónyuge adquiera o pague bienes cuyo título sea anterior al matrimonio; V.- El costo de cualquier mejora o reparación hecha en finca propia, o el importe de los impuestos prediales pagados con fondos sociales, a menos que sus rentas o frutos ingresen a la sociedad como gananciales; VI.- El importe de las obligaciones familiares de uno de los cónyuges, anteriores al matrimonio, salvo cuando los salarios y las rentas o frutos de los bienes del deudor entren como gananciales de la sociedad; VII.- El exceso o diferencia de precio cubierto por la sociedad, en la permuta o adquisición de bienes que se realice con el precio obtenido de la enajenación de bienes propios de uno de los cónyuges; VIII.- Los bienes adquiridos durante la sociedad a costa del caudal común, aunque aparezca como adquirente uno solo de los consortes y IX.- Los beneficios o regalías derivados de los derechos de autor o de la propiedad industrial, aunque se hayan constituido o producido antes del matrimonio, pero sólo mientras dure la unión.

Por tanto, los bienes en poder de cualquiera de los cónyuges o inscritos a su nombre al hacer la liquidación se presumen gananciales si fueron adquiridos durante el matrimonio, salvo prueba en contrario y cuando no se señale el porcentaje de los bienes comunes que corresponderá a cada cónyuge, se entenderá pactado el cincuenta por ciento de los gananciales, después de liquidar las deudas de la sociedad.

En cuanto al dominio y posesión de los bienes comunes, éstos residen en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal, pero los bienes inmuebles y los vehículos de propulsión mecánica no pueden ser gravados ni enajenados por el administrador sin el consentimiento del otro; en caso de oposición, el juez puede suplir el consentimiento, oyendo previamente a los interesados. Por lo que ninguna enajenación o gravamen de bienes sociales, hecha por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos.

Por otra parte, la ausencia de uno de los cónyuges suspende la sociedad conyugal. Sin embargo, el cónyuge presente puede solicitar la liquidación de la misma y recibir la parte que le corresponda, después que se cubran las deudas sociales, respetando los otros efectos de la declaración de ausencia y la administración de los bienes del ausente.

Si uno de los cónyuges abandona injustificado por más de 6 meses el domicilio conyugal, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan. Ésta no podrá reanudarse sino por convenio expreso entre los cónyuges. Cuando se solicite la suspensión de la sociedad conyugal, se procederá desde luego a formar inventario, especificando los bienes y las deudas o cargas que deben traerse a colación, aunque no se solicite todavía su liquidación.

En cuanto a la forma de terminación de la sociedad conyugal, nuestra legislación familiar menciona que esta termina por disolución del matrimonio; a solicitud de ambos cónyuges durante la unión y por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente, pero siempre se requiere que el juez del domicilio conyugal intervenga en la liquidación de los bienes comunes y autorice el cambio de régimen, en su caso.

También puede concluir la sociedad conyugal durante el matrimonio, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, promoviendo su liquidación judicial sin expresión de causa y el cambio de régimen patrimonial, por tratarse de un patrimonio común y ser un principio jurídico que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión. Al iniciarse el procedimiento respectivo, cesarán para los cónyuges los efectos de la sociedad, sin afectar los actos y obligaciones anteriores, estableciéndose un régimen de condominio respecto al patrimonio común y las medidas judiciales necesarias para la identificación y conservación de los bienes.

Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que también cesarán los efectos de la sociedad conyugal, desde el momento en que uno de los cónyuges se desentiende, injustificadamente, de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar, en detrimento del haber común, con independencia que no haya abandonado el hogar conyugal.

licscarmona@gmail.com

De la sociedad conyugal, su conformación, administración y terminación dentro del contrato matrimonial




El régimen de sociedad conyugal, que puede ser convencional o legal, es el régimen patrimonial más común que adoptan los consortes al celebrar su contrato de matrimonio. Nuestro Código de Familia prevé que si al momento de contraer matrimonio no se especifica el régimen adoptado, se entenderá que los esposos aceptan tácitamente las disposiciones sobre la sociedad conyugal legal.

Asimismo, menciona que los bienes que integran la sociedad conyugal constituyen un patrimonio común, diverso del patrimonio propio de cada cónyuge, por lo que se entenderá que son propios de cada cónyuge: I.- Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, así como los que poseía antes de éste si los adquiere por prescripción durante la vigencia de la sociedad; II.- Los que adquiera cada cónyuge por donación de cualquier especie, herencia o legado constituido exclusivamente en su favor, así como los bienes de fortuna; III.- Los créditos o derechos que hayan adquirido por título propio anterior al matrimonio, aunque el importe se haya cubierto después de su celebración; IV.- Los bienes adquiridos por permuta de bienes propios o con el precio obtenido de su venta; V.- Los que se adquieran por consolidación de la propiedad y el usufructo; VI.- Los derechos de autor o de propiedad industrial que pertenezcan a uno de los cónyuges y VII.- Los objetos de uso personal.

En cambio, conforme lo previsto en el Código Familiar, forman parte del patrimonio común: I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de su profesión, trabajo o actividad lícita; II.- La herencia, legado o donación hechos en favor de ambos cónyuges sin designación de parte; III.- Los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la vigencia de la sociedad, procedente de los bienes comunes o propios de cada cónyuge; IV.- El precio sacado de la masa social para que un cónyuge adquiera o pague bienes cuyo título sea anterior al matrimonio; V.- El costo de cualquier mejora o reparación hecha en finca propia, o el importe de los impuestos prediales pagados con fondos sociales, a menos que sus rentas o frutos ingresen a la sociedad como gananciales; VI.- El importe de las obligaciones familiares de uno de los cónyuges, anteriores al matrimonio, salvo cuando los salarios y las rentas o frutos de los bienes del deudor entren como gananciales de la sociedad; VII.- El exceso o diferencia de precio cubierto por la sociedad, en la permuta o adquisición de bienes que se realice con el precio obtenido de la enajenación de bienes propios de uno de los cónyuges; VIII.- Los bienes adquiridos durante la sociedad a costa del caudal común, aunque aparezca como adquirente uno solo de los consortes y IX.- Los beneficios o regalías derivados de los derechos de autor o de la propiedad industrial, aunque se hayan constituido o producido antes del matrimonio, pero sólo mientras dure la unión.

Por tanto, los bienes en poder de cualquiera de los cónyuges o inscritos a su nombre al hacer la liquidación se presumen gananciales si fueron adquiridos durante el matrimonio, salvo prueba en contrario y cuando no se señale el porcentaje de los bienes comunes que corresponderá a cada cónyuge, se entenderá pactado el cincuenta por ciento de los gananciales, después de liquidar las deudas de la sociedad.

En cuanto al dominio y posesión de los bienes comunes, éstos residen en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal, pero los bienes inmuebles y los vehículos de propulsión mecánica no pueden ser gravados ni enajenados por el administrador sin el consentimiento del otro; en caso de oposición, el juez puede suplir el consentimiento, oyendo previamente a los interesados. Por lo que ninguna enajenación o gravamen de bienes sociales, hecha por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos.

Por otra parte, la ausencia de uno de los cónyuges suspende la sociedad conyugal. Sin embargo, el cónyuge presente puede solicitar la liquidación de la misma y recibir la parte que le corresponda, después que se cubran las deudas sociales, respetando los otros efectos de la declaración de ausencia y la administración de los bienes del ausente.

Si uno de los cónyuges abandona injustificado por más de 6 meses el domicilio conyugal, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan. Ésta no podrá reanudarse sino por convenio expreso entre los cónyuges. Cuando se solicite la suspensión de la sociedad conyugal, se procederá desde luego a formar inventario, especificando los bienes y las deudas o cargas que deben traerse a colación, aunque no se solicite todavía su liquidación.

En cuanto a la forma de terminación de la sociedad conyugal, nuestra legislación familiar menciona que esta termina por disolución del matrimonio; a solicitud de ambos cónyuges durante la unión y por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente, pero siempre se requiere que el juez del domicilio conyugal intervenga en la liquidación de los bienes comunes y autorice el cambio de régimen, en su caso.

También puede concluir la sociedad conyugal durante el matrimonio, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, promoviendo su liquidación judicial sin expresión de causa y el cambio de régimen patrimonial, por tratarse de un patrimonio común y ser un principio jurídico que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión. Al iniciarse el procedimiento respectivo, cesarán para los cónyuges los efectos de la sociedad, sin afectar los actos y obligaciones anteriores, estableciéndose un régimen de condominio respecto al patrimonio común y las medidas judiciales necesarias para la identificación y conservación de los bienes.

Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que también cesarán los efectos de la sociedad conyugal, desde el momento en que uno de los cónyuges se desentiende, injustificadamente, de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar, en detrimento del haber común, con independencia que no haya abandonado el hogar conyugal.

licscarmona@gmail.com

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