/ domingo 13 de septiembre de 2020

HABLEMOS DERECHO

De los organismos encargados de la protección y la defensa de los derechos humanos en México



En nuestro país existen dos vías para la defensa y protección de los derechos humanos, la primera es la jurisdiccional que se lleva a cabo a través del juicio de amparo que se promueve ante los distintos órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación.

La segunda es la vía no jurisdiccional, que se lleva a cabo mediante un procedimiento de queja, el cual se formula ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Estos organismos autónomos encargados de la protección y defensa de los derechos humanos en México surgen el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en el ámbito de sus respectivas competencias establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102 apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

Para cumplir los objetivos citados, la Comisión Nacional tiene como atribuciones principales:

Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.

Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades.

Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas

No obstante, la Comisión Nacional no tiene competencia para conocer de los siguientes actos: Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; resoluciones de carácter jurisdiccional; consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales; cuestiones jurisdiccionales de fondo; ni conflictos entre particulares.

En nuestra entidad también contamos con un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el Orden Jurídico Mexicano.

Con la expedición de la "Ley 123" por el Congreso del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del gobierno del estado, el 28 de octubre de 1992, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los mismos atributos de ser un organismo público, de carácter autónomo y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sonora es un organismo del estado de Sonora que tiene como objetivo primordial defender los derechos de toda persona en este territorio. Busca con esto generar tanto en la sociedad como en el gobierno una cultura sólida de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a las funciones que desempeña la Comisión de Derechos Humanos en Sonora, de acuerdo con el texto Constitucional, podría decirse que son dos funciones primordiales: La cultura de los derechos humanos y la investigación de la violación de los derechos humanos.

La CEDH únicamente puede atender violaciones de derechos humanos imputadas a servidores públicos de carácter estatal o municipal, pero no tiene competencia en violaciones de carácter federal, conflictos entre particulares, conflictos electorales o resoluciones que hayan sido emitidas previamente por un juez en el ejercicio de sus funciones, tampoco es una asociación civil, ni un organismo no gubernamental.

De los organismos encargados de la protección y la defensa de los derechos humanos en México



En nuestro país existen dos vías para la defensa y protección de los derechos humanos, la primera es la jurisdiccional que se lleva a cabo a través del juicio de amparo que se promueve ante los distintos órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación.

La segunda es la vía no jurisdiccional, que se lleva a cabo mediante un procedimiento de queja, el cual se formula ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Estos organismos autónomos encargados de la protección y defensa de los derechos humanos en México surgen el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en el ámbito de sus respectivas competencias establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102 apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

Para cumplir los objetivos citados, la Comisión Nacional tiene como atribuciones principales:

Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.

Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades.

Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas

No obstante, la Comisión Nacional no tiene competencia para conocer de los siguientes actos: Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; resoluciones de carácter jurisdiccional; consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales; cuestiones jurisdiccionales de fondo; ni conflictos entre particulares.

En nuestra entidad también contamos con un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el Orden Jurídico Mexicano.

Con la expedición de la "Ley 123" por el Congreso del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del gobierno del estado, el 28 de octubre de 1992, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los mismos atributos de ser un organismo público, de carácter autónomo y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sonora es un organismo del estado de Sonora que tiene como objetivo primordial defender los derechos de toda persona en este territorio. Busca con esto generar tanto en la sociedad como en el gobierno una cultura sólida de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a las funciones que desempeña la Comisión de Derechos Humanos en Sonora, de acuerdo con el texto Constitucional, podría decirse que son dos funciones primordiales: La cultura de los derechos humanos y la investigación de la violación de los derechos humanos.

La CEDH únicamente puede atender violaciones de derechos humanos imputadas a servidores públicos de carácter estatal o municipal, pero no tiene competencia en violaciones de carácter federal, conflictos entre particulares, conflictos electorales o resoluciones que hayan sido emitidas previamente por un juez en el ejercicio de sus funciones, tampoco es una asociación civil, ni un organismo no gubernamental.

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