Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de algún acto de violencia, pero según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres están más expuestas, ya que a nivel mundial, hasta 70% de ellas experimenta violencia en el transcurso de su vida y mucho se debe a cuestiones culturales.
En efecto, las mujeres siguen siendo víctimas de asesinatos, desapariciones, trata de personas, violencia sexual, discriminación y acoso laboral, embarazos precoces y matrimonio infantil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que dicha violencia y discriminación en contra de las mujeres se ve agravada, de manera particular, por factores múltiples como origen étnico racial, clase, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, expresión de género, discapacidad, por su condición de niñas o adultas mayores o por ejercer la defensa de los derechos humanos, territorio y medio ambiente.
Es por ello que hace ya varios años nuestro país ha legislado normas para proteger integralmente a la mujer y ponerla en un plano de igualdad normativa respecto al hombre, misma igualdad que está contemplada en nuestra ley suprema.
Sin embargo, la realidad es que al día de hoy la violencia contra la mujer sigue siendo un mal generalizado en nuestro país, motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los estados de la región a seguir avanzando en la adopción de medidas de protección integral hacia las mujeres a partir de un enfoque interseccional, teniendo en cuenta los contextos y condiciones que potencializan la violencia y la discriminación en su contra.
Aunado a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones en el país, entre las que destacan recomendaciones como tipificar el feminicidio como delito en todo el país.
Para ello, instó a los países a implementar medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación en contra de ese sector y a tomar en cuenta la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
Tal parece que estamos pasando por una crisis de violencia con enfoque de género, sin embargo no podemos minimizar los esfuerzos que se han hecho para defender los derechos y la integridad de las mujeres, entre los cuales e contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un dispositivo único en el mundo que consiste en un protocolo destinado a activar mecanismos de seguridad en territorios afectados por la violencia por cuestión de género que sirve para incidir en el acceso a medidas de prevención, seguridad y justicia enfocadas a erradicar el contexto de violencia feminicida y los patrones de impunidad y discriminación identificados en las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia.
Además, se creó tanto a nivel federal como estatal una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es establecer principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y respetar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, propersona y progresividad, reconociéndoles el derecho a ser tratadas con respeto a su integridad; contar con protección de las autoridades cuando se encuentre en riesgo; recibir información veraz y suficiente, contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita, entre otras, así como acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos en las casas de emergencia y los centros de refugio destinados para tal fin.
