El 2020 terminó con grandes noticias que brindan nuevas esperanzas en el reconocimiento y ampliación de derechos en América Latina.
Por un lado, a nivel mundial comenzaron a llegar las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 y para el caso de México se dio paso a la vacunación al personal médico, lo cual sin lugar a dudas cambia el paradigma y las condiciones con las que enfrentaremos la batalla contra la pandemia sanitaria. Se trata de reconocer que el derecho a la salud atraviesa también desde un compromiso con lo ético.
La justicia social es la base donde se ha delineado el calendario de vacunación. Primero, los más necesarios en la línea de batalla y después la protección inmediata a los más vulnerables.
Por otra parte, el Poder Legislativo de Argentina da una valiosa lección sobre la representatividad en uno de los mayores retos para reconocer derechos, superando posturas personales o religiosas y poniendo en el centro el clamor popular de las jóvenes, saldar esta demanda histórica y buscando soluciones a un problema que incluye los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el marco de la salud pública de ese país.
Fueron 12 horas de debate en el Senado, donde si bien pudimos escuchar lo anacrónico de algunas posturas, también hubo valiosas aportaciones en el debate, en la cual legisladores que hace 2 años habían votado por el NO a la despenalización de aborto, decidieron con alta responsabilidad hacer frente a lo que sus representadas ya habían expresado en las calles. El aborto legal, seguro y gratuito se volvió ley, refrendando que la libertad y la autonomía deben comenzar por el propio cuerpo.
Aquí, nuevamente podemos ver cómo dos poderes confluyen por un proyecto en la ampliación de derechos, en ese caso, el Ejecutivo envió —tal como fue su compromiso de campaña— la propuesta al Legislativo y las cámaras resolvieron al respecto. La división de poderes permite que los países avancen no sólo legislativamente con marcos jurídicos progresistas o en cumplimiento de tratados internacionales, sino garantizando la incorporación de las voces de la representatividad en las leyes que se modifican.
En nuestro caso, la máxima tribuna del país aún necesita avanzar en temas de la agenda de los derechos de las mujeres y es nuestra responsabilidad ponerlos al frente, para su discusión y aprobación.
Este 2021 significa concluir el proceso legislativo de importantes leyes en materia de violencia digital (la llamada “Ley Olimpia”), seguimiento a la Ley de Amnistía, la violencia simbólica —la cual ha tomado mayor relevancia a partir de numerosos testimonios recién conocidos de víctimas—, autonomía económica y mayor participación de mujeres en sectores donde han estado subrepresentadas como el sector de la construcción.
Y por supuesto, el debate por el derecho a decidir en materia de salud sexual y reproductiva será dado en la Cámara de Diputados, en un primer momento en Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género. No perdamos de vista que estas luchas se han nombrado y exigido desde las calles y en su mayoría son parte de un arduo camino contra las violencias a las que las mujeres nos hemos enfrentado en la conquista por nuestra libertad.
Y ahí, en la defensa irrenunciable por los derechos para todas, es cuando tenemos que actuar con ética como representantes populares y donde continuaremos dando batalla. Las voces ya han sido escuchadas más de una vez, ahora hay que garantizarles el ejercicio de sus derechos.