El Constituyente de la Cuarta Transformación
México ha sido escenario de cuatro transformaciones históricas, las cuales tuvieron como consecuencia la modificación de la estructura del Estado y la organización social y económica: La Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y recientemente la Cuarta Transformación.
Las primeras tres grandes transformaciones solo fueron posibles a través de levantamientos armados. En el caso de la Independencia, la insurgencia contra del dominio español. En la Guerra de Reforma se libró un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Mientras que en la Revolución Mexicana diferentes grupos se levantaron en contra de la dictadura porfirista. Estos cambios trajeron consigo procesos constituyentes que dieron lugar a las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917, respectivamente.
La Cuarta Transformación se logró de forma pacífica y democrática, con el apoyo de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron a favor del cambio verdadero en 2018. Como en los otros procesos de transformación, el Poder Legislativo ha cumplido una función esencial, al sentar las bases del cambio de régimen, mediante el fortalecimiento del andamiaje jurídico que, sin crear otra constitución, diera lugar a una nueva arquitectura constitucional, legal e institucional a partir de diversas reformas y ordenamientos complementarios.
Esta nueva arquitectura se sustenta en el propósito de transformar la vida pública, por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar; principios que de manera transversal se institucionalizaron en los proyectos legislativos que el Congreso federal ha aprobado en los últimos años.
La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ha sido protagonista en esta última etapa de la vida pública de México. Gracias a una mayoría legislativa comprometida con el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se avanzó con múltiples cambios legislativos que hoy día sustentan la voluntad popular, el ejercicio de gobierno y la división de poderes. En los tres años de actividades legislativas se aprobaron 585 dictámenes, de los cuales 37 corresponden a nuevas leyes, 29 reformas constitucionales, 428 reformas a leyes existentes y 91 decretos (Cámara de Diputados, 13/08/2021).
Entre ellos, se encuentra la eliminación del fuero presidencial; la reforma constitucional sobre revocación de mandato y consulta popular; la tipificación de la corrupción como delito grave; la prohibición de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes; la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo de hidrocarburos, delitos cometidos con armas exclusivas del Ejército, entre otros.
La extinción de dominio para contrarrestar las actividades de la delincuencia organizada. Sanción penal a quien expida, compre o enajene facturas falsas para fortalecer el combate a la defraudación fiscal.
Se creó una nueva ley en materia de remuneraciones de los servidores públicos, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República y evitar los privilegios; y otra para promover la austeridad republicana como principio para el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Se prohibió la Partida Secreta para evitar la discrecionalidad en el gasto público.
Los paquetes económicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 cumplieron con el compromiso de no aumentar los impuestos, ni los precios de los energéticos, ni endeudar al país. En el presupuesto de egresos se garantiza un gasto público equilibrado y austero, sin duplicidad de programas ni moches.
