El Poder Legislativo ha ocupado un papel fundamental en el establecimiento de las bases constitucionales y legales de la Cuarta Transformación, a través de diversas reformas que hicieron posible el cambio de régimen y sus efectos positivos en el ejercicio del poder, donde la honestidad como principio de gobierno hoy posee una importancia de primer orden.
Gracias a la mayoría legislativa construida por los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social, durante la 64 Legislatura del Congreso de la Unión se logró la aprobación de la agenda legislativa más ambiciosa en la historia reciente del país. Prueba de ello son las reformas a 55 artículos de la Constitución federal que, por ejemplo, dieron lugar a la creación de la Guardia Nacional y la derogación de la mal llamada “Reforma Educativa”.
También la tipificación de la corrupción como un delito grave y la prohibición de la condonación de impuestos; la incorporación del principio de austeridad republicana y de paridad de género en el acceso a los cargos de representación pública; así como la integración de los programas de bienestar y un sistema de salud universal como garantes de los derechos sociales.
En la 65 Legislatura, la coalición “Juntos Hacemos Historia” continuará la transformación de la vida pública con una agenda legislativa que considere aquellos temas que faltan de legislar para alcanzar plenamente los propósitos de nuestro proyecto de nación. En su conferencia matutina del pasado 15 de junio, el Presidente de la República informó de al menos tres iniciativas de reforma constitucional que presentará próximamente.
En la primera iniciativa propondrá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde la Constitución, asegurando que al menos 54% de la participación en la industria eléctrica corresponda a esta empresa del Estado y 46% a empresas particulares. El objetivo no será prohibir la participación del sector privado nacional y extranjero, el cual seguirá teniendo entrada en la industria nacional, sino generar un mayor equilibrio, sin corrupción y con mejores precios para la población consumidora.
Como actualmente está la ley, aunque la CFE tenga capacidad de generación, no se le permite subir energía eléctrica a la red ni su despacho, sino primero deben hacerlo las empresas particulares y luego las plantas de la CFE. En la presente legislatura aprobamos varios cambios a la Ley de la Industria Eléctrica para revertir este desequilibrio, sin embargo, fueron suspendidos por el Poder Judicial vía amparos. Por eso la necesidad de una reforma constitucional.
En su segunda iniciativa de reforma constitucional, el Presidente de la República propondrá la eliminación de 200 diputaciones y de 32 senadurías —ambas del principio de representación proporcional (las “plurinominales”)—, con la finalidad hacer menos costosa la función legislativa y que la Cámara de Diputados y el Senado de la República estén integrados por legisladores electos por el voto directo de la gente.
