/ miércoles 12 de agosto de 2020

Mi voto es a favor de las juventudes

Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable.



Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Declarada así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1999, con esta celebración se reconoce a las y los jóvenes como actores fundamentales del cambio social y se genera un espacio para la reflexión sobre las diversas problemáticas asociadas con este grupo de población.

En México viven 30.6 millones de personas jóvenes, que representan una cuarta parte de la población nacional, es decir una de cada cuatro personas en el país tiene entre 15 y 29 años. No obstante, la escolaridad promedio pasó de 7.5 a 9.2 años entre el 2000 y 2015, de ese universo, alrededor de 33% no estudia ni trabaja, es decir un tercio de la población joven (INEGI, 2015).

Las personas jóvenes son uno de los grupos de población más afectados por el neoliberalismo y sus múltiples efectos en la exacerbación de la pobreza y la desigualdad social, el desmantelamiento de las capacidades del estado para garantizar sus derechos, así como las escasas posibilidades de acceder a una vejez digna. Tan solo siete de cada diez jóvenes carecen de seguridad social (70%), de acuerdo con la Encuesta de Trayectorias Laborales 2015 (INEGI).

Las dificultades para acceder a la educación, a un trabajo remunerador y con seguridad social, a una vivienda que les permita la independencia de sus padres -incluso, la planeación de una familia-, son solo algunos de los problemas que afectan a las y los jóvenes, que gobiernos pasados vanagloriaban como “El futuro de México” o el “bono demográfico” para el crecimiento económico.

La necesidad de diseñar políticas públicas específicas para las personas jóvenes, parte del entendimiento de que esta población tiene problemáticas y necesidades que son propias de su desarrollo fisiológico, emocional y social, que requieren la atención del estado para salvaguardar sus derechos y libertades. Las “juventudes” en plural porque es un grupo diverso y condicionado por factores económicos, sociales y territoriales, no tiene las mismas problemáticas un joven que vive en el campo a otro que reside en una ciudad o bien una joven estudiante en comparación con una joven que es madre.

Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido prioritaria la protección a las y los jóvenes, puesto que es la que ha sido más vulnerable y afectada por la guerra contra el narcotráfico, siendo jóvenes muchas de las personas que lamentablemente se han enlistado en las filas de las organizaciones delincuenciales debido a la falta de oportunidades educativas y trabajo, así como a la ruptura del tejido social y familiar.

Desde el gobierno de México se ha promovido una política de bienestar dirigida a acabar con las injusticias y la desigualdad social. Por ello, en el Congreso se aprobó una reforma al artículo 4° constitucional para establecer el derecho de las y los jóvenes a acceder a becas como un mecanismo para garantizar sus derechos sociales.

Por otra parte, se han implementado diversos programas de bienestar para la inclusión educativa y laboral como los programas J”óvenes Construyendo el Futuro”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”. Asimismo, se puso en marcha un proyecto de construcción de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, que contarán con 100 planteles en el país.

No obstante, en el Poder Legislativo, a pesar de diversos esfuerzos en diferentes legislaturas para dar paso a una ley general de juventudes, históricamente han existido resistencias para crear un marco normativo que reconozca sus derechos y establezca los lineamientos que deberán adoptarse para el diseño de las políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes, bajo el pretexto de que el Congreso no está facultado para legislar en la materia.

Esto, aunque existen instrumentos normativos internacionales que obligan a los Estados a garantizar los derechos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas jóvenes, como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Además de los compromisos contraídos por el estado mexicano en el 2015 en el marco de la Agenda 2030.

Cabe mencionar la reforma al artículo 1° de la Constitución en el 2011, la cual dio lugar a una nueva ingeniería constitucional que reconoce todos los derechos para todas las personas sin discriminación; coloca en el mismo nivel el texto constitucional y los tratados internacionales para la interpretación de los derechos humanos y establece la obligación del estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ante ese obstáculo legislativo, presenté junto a la diputada Geraldine Ponce una iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar al Congreso la facultad de legislar en materia de derechos de las personas jóvenes y dar paso a una ley general de juventudes, con la cual se pueda construir el andamiaje jurídico e institucional necesario para el goce de los derechos de las y los jóvenes.

Más allá del discurso optimista de que los jóvenes son el futuro de México, el estado está obligado a garantizarles un presente digno. La pandemia por el Covid-19 ha evidenciado diversos problemas que solo acentúan la vulnerabilidad de las y los jóvenes como la precarización laboral y la falta de infraestructura en los hogares para atender las obligaciones escolares a distancia.

El Congreso de la Unión tiene que estar a la altura de los retos.

*Diputada federal por Morena.

@LoreniaValles

www.loreniavalles.mx

Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable.



Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Declarada así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1999, con esta celebración se reconoce a las y los jóvenes como actores fundamentales del cambio social y se genera un espacio para la reflexión sobre las diversas problemáticas asociadas con este grupo de población.

En México viven 30.6 millones de personas jóvenes, que representan una cuarta parte de la población nacional, es decir una de cada cuatro personas en el país tiene entre 15 y 29 años. No obstante, la escolaridad promedio pasó de 7.5 a 9.2 años entre el 2000 y 2015, de ese universo, alrededor de 33% no estudia ni trabaja, es decir un tercio de la población joven (INEGI, 2015).

Las personas jóvenes son uno de los grupos de población más afectados por el neoliberalismo y sus múltiples efectos en la exacerbación de la pobreza y la desigualdad social, el desmantelamiento de las capacidades del estado para garantizar sus derechos, así como las escasas posibilidades de acceder a una vejez digna. Tan solo siete de cada diez jóvenes carecen de seguridad social (70%), de acuerdo con la Encuesta de Trayectorias Laborales 2015 (INEGI).

Las dificultades para acceder a la educación, a un trabajo remunerador y con seguridad social, a una vivienda que les permita la independencia de sus padres -incluso, la planeación de una familia-, son solo algunos de los problemas que afectan a las y los jóvenes, que gobiernos pasados vanagloriaban como “El futuro de México” o el “bono demográfico” para el crecimiento económico.

La necesidad de diseñar políticas públicas específicas para las personas jóvenes, parte del entendimiento de que esta población tiene problemáticas y necesidades que son propias de su desarrollo fisiológico, emocional y social, que requieren la atención del estado para salvaguardar sus derechos y libertades. Las “juventudes” en plural porque es un grupo diverso y condicionado por factores económicos, sociales y territoriales, no tiene las mismas problemáticas un joven que vive en el campo a otro que reside en una ciudad o bien una joven estudiante en comparación con una joven que es madre.

Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido prioritaria la protección a las y los jóvenes, puesto que es la que ha sido más vulnerable y afectada por la guerra contra el narcotráfico, siendo jóvenes muchas de las personas que lamentablemente se han enlistado en las filas de las organizaciones delincuenciales debido a la falta de oportunidades educativas y trabajo, así como a la ruptura del tejido social y familiar.

Desde el gobierno de México se ha promovido una política de bienestar dirigida a acabar con las injusticias y la desigualdad social. Por ello, en el Congreso se aprobó una reforma al artículo 4° constitucional para establecer el derecho de las y los jóvenes a acceder a becas como un mecanismo para garantizar sus derechos sociales.

Por otra parte, se han implementado diversos programas de bienestar para la inclusión educativa y laboral como los programas J”óvenes Construyendo el Futuro”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”. Asimismo, se puso en marcha un proyecto de construcción de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, que contarán con 100 planteles en el país.

No obstante, en el Poder Legislativo, a pesar de diversos esfuerzos en diferentes legislaturas para dar paso a una ley general de juventudes, históricamente han existido resistencias para crear un marco normativo que reconozca sus derechos y establezca los lineamientos que deberán adoptarse para el diseño de las políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes, bajo el pretexto de que el Congreso no está facultado para legislar en la materia.

Esto, aunque existen instrumentos normativos internacionales que obligan a los Estados a garantizar los derechos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas jóvenes, como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Además de los compromisos contraídos por el estado mexicano en el 2015 en el marco de la Agenda 2030.

Cabe mencionar la reforma al artículo 1° de la Constitución en el 2011, la cual dio lugar a una nueva ingeniería constitucional que reconoce todos los derechos para todas las personas sin discriminación; coloca en el mismo nivel el texto constitucional y los tratados internacionales para la interpretación de los derechos humanos y establece la obligación del estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ante ese obstáculo legislativo, presenté junto a la diputada Geraldine Ponce una iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar al Congreso la facultad de legislar en materia de derechos de las personas jóvenes y dar paso a una ley general de juventudes, con la cual se pueda construir el andamiaje jurídico e institucional necesario para el goce de los derechos de las y los jóvenes.

Más allá del discurso optimista de que los jóvenes son el futuro de México, el estado está obligado a garantizarles un presente digno. La pandemia por el Covid-19 ha evidenciado diversos problemas que solo acentúan la vulnerabilidad de las y los jóvenes como la precarización laboral y la falta de infraestructura en los hogares para atender las obligaciones escolares a distancia.

El Congreso de la Unión tiene que estar a la altura de los retos.

*Diputada federal por Morena.

@LoreniaValles

www.loreniavalles.mx