/ jueves 9 de enero de 2020

PALCO DE ORO

LA REPUTACIÓN DE LOS TRES PODERES


Por mucho tiempo los mexicanos criticaron al Poder Legislativo como inútiles y levanta dedos entre los más relevante, el Poder Ejecutivo sobre la corrupción y enriquecimiento descarado y el Poder Judicial se vino dejando de lado casi nunca se decía nada, solo en raras excepciones. De unos tres años a la fecha se acrecentó el escándalo de los gobernantes sinvergüenzas que roban sin recato alguno. Pero lo más trascendente ahora es el hecho de que, ya no puede seguir ocultándose la corrupción judicial en los juzgados, tribunales y agencias del ministerio público, principalmente porque el Gobierno de López Obrador ha demostrado a la fecha interés de poner atención y meter mano a este Poder Judicial, que jamás le habían sacado sus trapitos al sol. Lo anterior trajo como consecuencia que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara los señalamientos de López Obrador sobre la corrupción judicial, al grado que a la fecha ya llevan varios Jueces y Magistrados despedidos y otros en investigación formal por corruptos. Independientemente de los ex gobernantes corruptos que se tienen en proceso, es de mencionar a los que fueron administradores con Peña Nieto como en Pemex, CFE, Salud, Sédate por citar algunos a quienes se les trata de aplicar la ley ya que antes no se hacía.

Siete magistrados y 14 jueces de distrito, así como 55 subalternos de juzgados y tribunales de todo el país recibieron algún tipo de sanción durante 2017 por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Las sanciones impuestas a los funcionarios titulares van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de Distrito. Al personal subalterno también le fueron impuestas sanciones semejantes.

Datos del CJF señalan que en el año que termina se castigó en total a 407 empleados judiciales. En el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

Y es que durante 2017 aumentaron los procedimientos de investigación al interior del Poder Judicial de la Federación, ante quejas y denuncias presentadas por presuntas irregularidades por parte de diversos funcionarios judiciales.

Según reportes internos del CJF y de la Suprema Corte, en los últimos 12 meses se ordenó la realización de 290 procesos que, acumulados a los 94 existentes desde años anteriores, suman un total de 384.

Por ejemplo, en materia de anticorrupción, se determinó por primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura Federal la primera sanción en contra de un particular en el marco de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en una inhabilitación por 10 años y la aplicación de una multa económica por 109 millones de pesos.

En octubre, el CJF destituyó e inhabilitó por 20 años a tres funcionarios que usurparon funciones en el juzgado federal que dirigió durante siete meses el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado hace un año en Metepec, Estado de México.

Según las indagatorias de la Comisión de Disciplina del CJF, dos actuarias y un chofer del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca, incurrieron en irregularidades que fueron denunciadas en el 2016 por el propio Bermúdez Zacarías, pues realizaron labores que no les correspondían en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Se trata de Mayumi Guadalupe Sánchez, esposa del juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez en el cargo. La actuaria interpuso, dos días después del homicidio de su jefe, un amparo para intentar evitar cualquier orden de aprehensión.

Por presuntos actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades, el Consejo de la Judicatura Federal castigó a 148 jueces y magistrados de circuito en los últimos siete años.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó una reforma al Poder Judicial para combatir estas prácticas de juzgadores. También pidió más rendición de cuentas.

Vía Transparencia, el Consejo destacó que fueron sancionados 77 jueces y 71 magistrados en el período mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción entre 2013 y 2019, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco. Según datos que se manejan Jalisco está en primer lugar de corrupción judicial a nivel nacional y la mayoría de abogados en colusión con aplicadores de la ley están visualizados como los más contaminados.

Tomando en cuenta lo anterior, creo pertinente que los ciudadanos se animen a denunciar ahora que hay un poco de intención de aplicar la ley y apoyar a la sociedad contra malos funcionarios.

LA REPUTACIÓN DE LOS TRES PODERES


Por mucho tiempo los mexicanos criticaron al Poder Legislativo como inútiles y levanta dedos entre los más relevante, el Poder Ejecutivo sobre la corrupción y enriquecimiento descarado y el Poder Judicial se vino dejando de lado casi nunca se decía nada, solo en raras excepciones. De unos tres años a la fecha se acrecentó el escándalo de los gobernantes sinvergüenzas que roban sin recato alguno. Pero lo más trascendente ahora es el hecho de que, ya no puede seguir ocultándose la corrupción judicial en los juzgados, tribunales y agencias del ministerio público, principalmente porque el Gobierno de López Obrador ha demostrado a la fecha interés de poner atención y meter mano a este Poder Judicial, que jamás le habían sacado sus trapitos al sol. Lo anterior trajo como consecuencia que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara los señalamientos de López Obrador sobre la corrupción judicial, al grado que a la fecha ya llevan varios Jueces y Magistrados despedidos y otros en investigación formal por corruptos. Independientemente de los ex gobernantes corruptos que se tienen en proceso, es de mencionar a los que fueron administradores con Peña Nieto como en Pemex, CFE, Salud, Sédate por citar algunos a quienes se les trata de aplicar la ley ya que antes no se hacía.

Siete magistrados y 14 jueces de distrito, así como 55 subalternos de juzgados y tribunales de todo el país recibieron algún tipo de sanción durante 2017 por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Las sanciones impuestas a los funcionarios titulares van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de Distrito. Al personal subalterno también le fueron impuestas sanciones semejantes.

Datos del CJF señalan que en el año que termina se castigó en total a 407 empleados judiciales. En el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

Y es que durante 2017 aumentaron los procedimientos de investigación al interior del Poder Judicial de la Federación, ante quejas y denuncias presentadas por presuntas irregularidades por parte de diversos funcionarios judiciales.

Según reportes internos del CJF y de la Suprema Corte, en los últimos 12 meses se ordenó la realización de 290 procesos que, acumulados a los 94 existentes desde años anteriores, suman un total de 384.

Por ejemplo, en materia de anticorrupción, se determinó por primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura Federal la primera sanción en contra de un particular en el marco de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en una inhabilitación por 10 años y la aplicación de una multa económica por 109 millones de pesos.

En octubre, el CJF destituyó e inhabilitó por 20 años a tres funcionarios que usurparon funciones en el juzgado federal que dirigió durante siete meses el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado hace un año en Metepec, Estado de México.

Según las indagatorias de la Comisión de Disciplina del CJF, dos actuarias y un chofer del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca, incurrieron en irregularidades que fueron denunciadas en el 2016 por el propio Bermúdez Zacarías, pues realizaron labores que no les correspondían en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Se trata de Mayumi Guadalupe Sánchez, esposa del juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez en el cargo. La actuaria interpuso, dos días después del homicidio de su jefe, un amparo para intentar evitar cualquier orden de aprehensión.

Por presuntos actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades, el Consejo de la Judicatura Federal castigó a 148 jueces y magistrados de circuito en los últimos siete años.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó una reforma al Poder Judicial para combatir estas prácticas de juzgadores. También pidió más rendición de cuentas.

Vía Transparencia, el Consejo destacó que fueron sancionados 77 jueces y 71 magistrados en el período mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción entre 2013 y 2019, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco. Según datos que se manejan Jalisco está en primer lugar de corrupción judicial a nivel nacional y la mayoría de abogados en colusión con aplicadores de la ley están visualizados como los más contaminados.

Tomando en cuenta lo anterior, creo pertinente que los ciudadanos se animen a denunciar ahora que hay un poco de intención de aplicar la ley y apoyar a la sociedad contra malos funcionarios.

jueves 06 de febrero de 2020

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lunes 20 de enero de 2020

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