El 24 de diciembre, el Gobierno de México inició la jornada de vacunación para inmunizar a la población mexicana de la COVID-19. Esta acción responde al compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hace unos meses de garantizar el acceso universal y gratuito a la vacuna para la población.
La enfermera María Irene Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, fue la primera persona de México y de América Latina en haber recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Esta campaña de vacunación que culminará hasta marzo de 2022, representa la acción de gobierno más importante en décadas en materia de salud.
En la primera etapa se atenderá al personal de salud (médicos, enfermeras y trabajadores de limpieza), pues ellas y ellos están en la primera línea de batalla contra la enfermedad. Posteriormente se vacunará la población en general según su edad y nivel de riesgo, empezando por las personas mayores de 60 años, después las personas de 50 a 59 años, luego las que se encuentren entre los 40 y 49 años, y finalmente el resto de la población.
Sin embargo, durante el fin de semana, en las redes sociales varios internautas -algunos deellos vinculados con la derecha neoliberal-, hicieron público su rechazo a que las dosis fueran suministradas únicamente por el Gobierno de México y en etapas por orden de prioridad, exigiendo su [supuesto] derecho a “comprar la vacuna”.
Esta discusión volvió a poner sobre la mesa el debate originado entre las visiones del Estado de bienestar y el Estado neoliberal, en torno a quién debe garantizar los bienes y servicios a la población. Mientras el primero asume la responsabilidad a través de la administración pública y las empresas paraestatales, considerando a las personas como titulares de derechos; el segundo reclama que las empresas privadas ostenten esta responsabilidad, pero desde una lógica de mercado donde las personas son vistas como clientes.
La mercantilización de los derechos por parte de los gobiernos neoliberales trajo consecuencias desastrosas en el acceso a la educación, la salud, el transporte, los medios de comunicación; incluso, el agua potable. La consecuencia más grave fue que solo aquellos que tenían dinero para pagar por un bien o servicio, podían disfrutar de él. Una lógica donde el dinero es la única posibilidad de sobrevivir.
El pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las empresas privadas también podrán acceder a las vacunas para ponerlas a disposición de la gente. No obstante, el Gobierno de México continuará trabajando para que no haya personas sin ser inmunizadas. El objetivo es comprar hasta 200 millones de vacunas, entre las comprometidas con Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sputnik V. Para ello, en la Cámara de Diputados aprobamos un Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 con recursos suficientes para la atención de la salud y la compra de los biológicos.
Al margen de ese esquema neoliberal de oferta y demanda, que en el pasado recrudeció las desigualdades sociales, al mismo tiempo que desmanteló las instituciones públicas de salud, el propósito de una política pública que busca garantizar el acceso universal y gratuito a la vacuna, es asegurar que ésta llegue a quienes no pueden pagar por ella: los más pobres.
La salud no es una mercancía, es un derecho de todas y todos.
Colofón:
Mi última columna de 2020.
Los medios de comunicación son fundamentales para fortalecer nuestra vida democrática. Agradezco a El Sol de Hermosillo y Tribuna de San Luis el espacio para difundir de manera libre mis ideas.
Apreciado lector:
¡Te deseo un próspero Año Nuevo 2021!
Que prevalezca la salud, el bienestar, la paz y la fe en el porvenir. Cuídate y, en la medida de lo posible, quédate en casa. ¡No bajes la guardia!
*Diputada federal por MORENA.
@LoreniaValles
