Las instituciones no son perfectas, pero sí perfectibles.
Karl Popper
Entre las promesas que Andrés Manuel López Obrador hizo a la ciudadanía durante la campaña presidencial para dar paso a un cambio de régimen, se encontraba el propósito de consultar al pueblo sobre diferentes temas de la agenda de gobierno de la Cuarta Transformación; a diferencia de administraciones anteriores, cuyo estilo de gobernar era la toma de decisiones a puerta cerrada desde las oficinas gubernamentales, donde solo participaban los funcionarios en turno y grupos de poder (por ejemplo: grandes empresarios).
La forma de gobernar del Presidente de la República ha sido a través de una auténtica democracia directa, comenzando por las conferencias matutinas que realiza diariamente; también mediante los diferentes ejercicios de consulta popular que ha promovido, incluso, desde antes que rindiera protesta como titular del Ejecutivo federal. Es el caso de la consulta sobre la continuación o cancelación de obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el lago de Texcoco, y de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Asimismo, la reciente consulta popular que puso a consideración de la ciudadanía llevar a juicio a los expresidentes de México por corrupción.
Esta visión de gobierno es trascendente, pues la reivindicación del mandato popular exige que el pueblo sea verdaderamente quien detente la soberanía de la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Diversos estudios de opinión dan cuenta de la crisis de confianza por la que está pasando la democracia representativa. De acuerdo con el Latinobarómetro2018, sólo 24% de la ciudadanía en América Latina aseguró estar satisfecha con la democracia; en México, únicamente 16% dijo estar satisfecha con la democracia, mientras que solo 9% consideró que se gobernaba para todo el pueblo. (Es importante dejar claro que este reporte analiza la situación previa a la llegada del presidente López Obrador, el 1° de diciembre de 2018).
Hoy México es el sexto país de América Latina en incorporar la revocación de mandato en la Constitución federal, como un mecanismo de democracia directa que hace efectivo el derecho y la obligación de las y los ciudadanos de definir la permanencia del titular del Ejecutivo federal a razón de la pérdida de confianza. Anteriormente, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela establecieron esta figura en sus constituciones para cargos nacionales y/o locales, convirtiéndose en una institución elemental de sus regímenes de gobierno.
Sin embargo, el Congreso federal tiene pendiente la aprobación de la legislación reglamentaria de esta institución democrática, la cual deviene de la reforma a la Constitución federal que entró en vigor el 21 de diciembre de 2019 (DOF: 20/12/2019), y en cuyo artículo 35, fracción XI, Apartado 8º. del Decreto se incorpora la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria; y el articulo transitorio segundo establece que la reglamentación deberá ser expedida dentro de los 180 días siguientes a la publicación del Decreto, plazo que venció el 17 de junio de 2020.
Más de 600 días han pasado sin que se haya cumplido este mandato constitucional. Aun así, en dos ocasiones la oposición en la Comisión Permanente impuso la negativa para convocar a un periodo extraordinario de las Cámaras para la aprobación el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato a más tardar en 30 días a partir de mañana 1° de septiembre; plazo que morena tiene voluntad de cumplir una vez que comience a sesionar la Cámara de Diputados en la LXVLegislatura.
En el Decreto de la reforma constitucional queda claro que la revocación de mandato deberá ser promovida exclusivamente por al menos 3% de la ciudadanía, que deberá acreditar su firma por medio de su credencial para votar, y distribuida en al menos 17 entidades de la República que deberán contar el mismo porcentaje de firmas en cada entidad. De igual forma, se indican los lineamientos generales que definen el papel el INE y el TEPJF en la organización y validación del proceso de revocación de mandato, respectivamente. Para ello, urge contar con una reglamentación que dé certeza sobre la organización y procedimientos de este instrumento de participación.
Los partidos de oposición debaten la pregunta que se haría a la ciudadanía (¿revocación o ratificación?) y el supuesto interés del presidente López Obrador se hacer campaña nuevamente. Pero, como escribió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “una de las instituciones de la democracia directa más relevantes y que requiere un mayor compromiso democrático del gobierno es la revocación de mandato. Sólo los gobernantes genuinamente democráticos, en correspondencia con el cargo de elección popular por el que fueron elegidos por la ciudadanía, se someten al ácido de las urnas y demuestran su legitimidad, no sólo en el plano electoral de origen, sino del ejercicio.” (La Jornada, 24/08/2021)
Así, la revocación del mandato presidencial reivindica la participación directa de la ciudadanía en las democracias representativas. Además, en el caso mexicano es urgente, pues si gobiernos como los de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubieran sido puestos a escrutinio ciudadano, seguramente sus mandatos no habrían durado más de tres años.
Colofón:
Este domingo rendimos protesta las diputadas y diputados que formaremos parte de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Nuevamente, agradezco a la ciudadanía del Distrito Electoral Federal 3 de Sonora por haberme ratificado en este cargo de representación popular, con el pleno compromiso de seguir impulsando la Cuarta Transformación desde la Cámara de Diputados.
“No mentir, no robar y no traicionar al Pueblo.”
*Diputada federal
