El pasado 20 de enero Joe Biden rindió protesta como el 46° presidente de Estados Unidos. En su primer día de gobierno firmó varias órdenes ejecutivas, de las cuales hay dos decretos en materia migratoria que se vinculan directamente con nuestro país. El primer decreto ordena terminar con la emergencia nacional establecida por el expresidente Donald Trump el 13 de marzo del 2020 para dirigir fondos públicos a la construcción del muro en la frontera con México, con lo que se frena cualquier intento de poner en marcha esta obra.
El segundo decreto pretende conservar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que actualmente salvaguarda de la deportación aproximadamente a 650 mil inmigrantes irregulares conocidos como “dreamers”. Este programa protege a aquellas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y les brinda la posibilidad de permanecer, obtener un permiso de trabajo y un seguro de salud ofrecido por sus empleadores.
Para el estado mexicano las decisiones que se toman al interior del gobierno estadounidense son fundamentales por varias circunstancias, entre ellas la vecindad geográfica de nuestros países y la posición geopolítica que ocupa este lado del mundo, dado el protagonismo de Estados Unidos en la política internacional; al igual que las acciones bilaterales que impactan en la política, la economía y el bienestar social de la región, como el reciente Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La política migratoria representa una de las prioridades de la agenda bilateral, ya que Estados Unidos es el principal país de destino de los migrantes internacionales de origen mexicano. De acuerdo con la Current Population Survey (CPS), para el 2018 más de 38.5 millones de personas que vivían en Estados Unidos eran de origen mexicano, cifra que está integrada por 12.3 millones de inmigrantes nacidos en México pero residían en Estados Unidos y 26.2 millones de estadounidenses que se identificaron de origen mexicano.
El International Migration Report (ONU, 2015) indica que con 46.6 millones de inmigrantes, Estados Unidos es el principal país receptor de migrantes internacionales, muchos de los cuales lo hacen a través de la frontera con México. El mismo reporte menciona que México es la segunda nación con mayor número de emigrantes, con 12.3 millones de personas en esta situación. En el caso de Sonora, de cada 100 sonorenses que migran al exterior, 96 eligen Estados Unidos como lugar de destino (INEGI, 2010).
La frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del planeta en cuanto a flujo de personas migrantes, además de ser la más mortífera del continente americano, según el “Proyecto Migrantes Desaparecidos” debido a las inclemencias del Río Bravo, el desierto y de violencia en las rutas migratorias (Organización Internacional de las Migraciones, 2019).
La construcción de una agenda común debe sustentarse en acciones de cooperación bilateral planteada desde la perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, cuyo punto de partida sea el reconocimiento de la dignidad humana de las personas migrantes y sus familias, así como el principio de universalidad, lo cual quiere decir que, independientemente de donde se encuentren, sus derechos deben ser garantizados y protegidos.
Precisamente, en la conversación telefónica que el mandatario estadounidense y el presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo el pasado viernes, se abordó la política migratoria. El presidente de México expresó a su homólogo que: "La solución de fondo al fenómeno de la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen", en alusión al papel del territorio mexicano como lugar de tránsito de las caravanas migrantes, como las provenientes de los países de Centroamérica.
Esta visión humanista del presidente López Obrador da un giro a la forma cómo los gobiernos neoliberales entendían el fenómeno migratorio, quienes facilitaban el flujo de mercancías, pero no de personas. Pone énfasis en la situación de pobreza o violencia en que viven muchas de las personas que se ven obligadas a migrar, al tiempo que reconoce la obligación de los Estados de asegurar su bienestar sin discriminación.
Como demuestran las cifras mencionadas, en el caso de México, millones de familias tienen vínculos directos con el país vecino, sea porque el padre, la madre, el hijo, la pareja o el hermano trabaja allá, o bien, la familia completa reside en ese país; sea porque se benefician de las remesas, las cuales además significan un ingreso importante para la economía nacional.
Las dos órdenes ejecutivas suscritas por el presidente Joe Biden fueron bien recibidas por nuestro país, pues son una oportunidad para asegurar el bienestar de millones de paisanos cuya condición migratoria es irregular. También podrá ser favorable la propuesta de reforma migratoria que el mandatario anunció, para garantizar la residencia permanente a los dreamers y de los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal.
Desde la Cámara de Diputados seguiré contribuyendo con una agenda legislativa con perspectiva de interculturalidad, a favor de los derechos de las y los mexicanos que viven el exterior y de aquellos en situación de retorno.
Porque migrar es un derecho y ninguna persona es ilegal.
***
Colofón:
Aprovecho para reiterar mi deseo al presidente de la República una pronta recuperación. El pueblo lo espera para seguir encauzando la transformación de México
*Diputada federal por Morena
@LoreniaValles
