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El costo del voto… y de la democracia

  • Raúl Pozos Lanz

Los datos duros pueden parecernos escandalosos. Según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales México es el país de Latinoamérica donde más caro cuesta cada voto: hasta 17.24 dólares por votante. El cálculo se basa en la suma del total de recursos públicos destinados a todos los partidos políticos, dividido por el número de votantes.

Pero hay datos más actuales, los de Integralia Consultores por ejemplo, que dirige Luis Carlos Ugalde, exconsejero electoral. El costo promedio del voto en las cuatro entidades en las que se celebrarán procesos electorales este año (Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz) ascenderá a 203 pesos por elector, pero el más caro de entre los cuatro será en Nayarit con 222 pesos.

El costo de las elecciones en estas cuatro entidades será superior a los 4 mil 28 millones de pesos, según el dato de Integralia Consultores.

El propósito, sin embargo, no es tanto subrayar el costo de cada voto para mostrar la simpleza del precio, sino lo que representa esa inversión en términos de democracia y de participación ciudadana.

El primer punto es no olvidar que cada peso que se invierte en el financiamiento de los partidos, en asignación de recursos para las campañas, en infraestructura del Instituto Nacional Electoral y de los correspondientes locales, en boletas, en urnas, en tinta, en personal que labora en estas instituciones, en difusión a través de medios masivos de comunicación; cada peso insistimos, es público, proviene del erario que son recursos que el pueblo pone a través de sus impuestos.

El segundo punto es valorar ese costo de cada voto. No se trata de solo cumplir un requisito más de nuestro sistema democrático, la elección, sino del más importante. Tratemos de verlo con la simpleza de que sin elecciones y, por tanto, sin ejercicio de votación, no hay democracia.

Entonces el ejercicio de votar, el derecho que hemos consagrado en nuestra Constitución General de la República, todo ese gasto que se hace, no es una concesión de nadie en particular, es un logro de nuestra sociedad, del pueblo, a través de décadas de lucha y de la contribución activa y económica de muchas generaciones.

En ese sentido, no ir a votar, no ejercer un derecho social y constitucional, es igual a tirar nuestros propios recursos, nuestro propio dinero, nuestro propio esfuerzo, el de nuestros padres y abuelos, al bote de la basura.

El tercer punto es el de nuestra participación, más allá del mero acto de votación para elegir como autoridad al candidato de nuestra preferencia. A nadie beneficia el abstencionismo, pero sí envía mensajes que pueden leerse en el conjunto de una sociedad apática, por las razones que sea (cansancio, hartazgo, desinterés, etc.).

Debemos entender que una sociedad que no participa en su propia definición de autoridades, en la confección de su propia democracia, es una sociedad que no avanza y deja enormes tramos vacíos al autoritarismo, a la imposición de unos cuantos, a la prepotencia e incluso a la represión.

No podemos dejar de participar y, a un tiempo, exigir que quienes ostentan el poder sean democráticos, sean justos, respeten nuestros derechos e impulsen la democracia misma. La no participación ciudadana, no cuidar las instituciones que nos hemos creado, no vigilar a las autoridades, no denunciar lo que se haga mal, no impulsar mecanismos modernos de protección a las niñas y niños, no luchar conjuntamente contra males como la corrupción y el crimen organizado, no ir a votar, termina dejándonos a nosotros mismos en la indefensión.

*Senador de la Republica.