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¿Nueva justicia para las víctimas?

  • María De Los Ángeles Fromow

Con la situación actual respecto de la impartición de justicia que estamos viviendo, es pertinente hacer un recuento de lo que ha sucedido en materia de “victimas” en nuestro sistema jurídico, propiamente en materia penal, y resulta que este tema ha tenido distintas modificaciones y evoluciones desde hace cerca de 25 años; hagamos memoria. Era el año de 1993 cuando a nuestra Carta Magna le fue adicionado un párrafo al Artículo 20 en materia de víctimas; señalaba que, en todo proceso penal, la víctima o el ofendido de algún delito, tendría derecho a recibir asesoría jurídica, la reparación del daño, a coadyuvar con el Ministerio Público, a la atención médica de urgencia, entre otros. Si bien, esta reforma no era integral, si representó un avance significativo en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las víctimas del delito. Un año más tarde se otorgó a las víctimas del delito la oportunidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal que desembocó en una mayor participación de la víctima en el proceso penal al brindar posibilidad de oponerse a la facultad exclusiva que, hasta ese entonces, ejercía el Ministerio Público. Otro paso de impacto fue la modificación del año 2000 al incorporar en la Constitución Federal una serie de derechos, conocido como catálogo de derechos de las víctimas en el proceso penal, pero fue hasta el año 2008, con la trascendental reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que se hizo imperiosa la necesidad de plasmar de manera especifica los derechos de la víctima para que fueran acordes con el nuevo sistema de justicia penal. Además de estas reformas, no se puede dejar de lado la correspondiente a la materia de derechos humanos en 2011 también a la Carta Magna, pues con ella se amplió el catálogo de derechos humanos reconocidos en nuestro país y les otorgó una mayor jerarquía; ajustándonos al plano internacional con diversos tratados que obliga al Ministerio Público y al juzgador penal a que en la aplicación de estos derechos analicen cuidadosamente los estándares internacionales y las resoluciones, recomendaciones, informes y jurisprudencia de los organismos internacionales de los que México es parte o respecto de los cuales se ha sujetado a su jurisdicción. Dos años mas tarde, en 2013, se expidió la Ley General de Víctimas que reconoce y garantiza los derechos de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales que hemos suscrito, con la consecuente obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno de velar por la protección de las víctimas, a proporcionarles ayuda, asistencia o reparación integral por los daños que hubieren sufrido. Esta Ley fue modificada nuevamente cuatro años después para hacerla mas operativa, pero sigue sin cumplir sus objetivos y fines ante los ojos de la ciudadania. Finalmente, en 2014 con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales se dotó a las víctimas del delito de un nuevo rol dentro del proceso penal, esto es, de ser una figura pasiva y dependiente del Ministerio Público, hoy puede y tiene derecho a hacer valer en juicio sus pretensiones y a la reparación del daño; se le reconoció no solo como sujeto del procedimiento penal sino como parte dentro del mismo y, para ello se establecieron las garantías procesales para que la víctima cuente con un acceso a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial, acompañada de un asesor jurídico. A pesar de que han transcurrido casi 25 años desde que se visualizaron los derechos de las víctimas en nuestro país, pocos los conocen y ejercen cuando por desfortuna se enfrentan a un hecho delictivo y, por ende, la insatisfacción de justicia y el sentimiento de impunidad emerge de forma inmediata, pues tampoco la autoridad vela o hace lo necesario para que estos derechos sean efectivos. Hoy más que nunca ante la inseguridad que vivimos es indispensable que se generen acciones para que los mecanismos de protección a las víctimas se hagan una realidad por parte de las autoridades; se realicen campañas de difusión para empoderar a la ciudadanía a conocer sus derechos como víctimas de un delito y exigir que éstos se cumplan. No obstante, todos debemos tener la obligación de conocerlos para que podamos exigir la justicia que merecemos y que sea palpable en la restitución del daño.

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