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Revelaciones de la Cuenta Pública

  • Benjamín González Roaro

El pasado 31 de octubre, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la “Segunda Entrega de Informes Individuales. Fiscalización de la Cuenta Pública 2016”. Llama la atención las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos; pero igualmente, es notorio el reducido impacto que esta noticia tuvo en la opinión pública y en diversos sectores de la sociedad, a pesar de los daños patrimoniales que esto significa.

En total, se dieron a conocer los resultados de 664 informes individuales, los cuales derivaron en un importante número de recomendaciones, observaciones, responsabilidades administrativas y solicitudes de aclaración. Las diversas anomalías van desde la mala calidad en la construcción del “Paso Express”, recursos faltantes del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, el destino del Fondo para la Prevención de Desastres, retrocesos en los proyectos para beneficiar a migrantes, desorden en el uso de los recursos para la asistencia consular de mexicanos en el extranjero, duplicidad en la transferencia de apoyos a adultos mayores, ocultamiento de información, obras no realizadas, pagos indebidos para la construcción del Tren Iterurbano México-Toluca, hasta contratos “inflados” entre Pemex y la empresa Obedrecht. Tal vez lo anterior ya no sea sorpresa en este gobierno, puesto que la corrupción no sólo es calificada como el segundo problema nacional, después de la inseguridad y la delincuencia; sino que México también es el país donde más sobornos se pagan en toda Latinoamérica. Todo esto se traduce en obstáculos para el desarrollo, desaliento para las inversiones, impedimentos para la realización de negocios, pérdida de competitividad y, consecuentemente, malestar social y deterioro de la confianza hacia las instituciones. De hecho, entre los 34 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en corrupción. Dicho de otra forma, somos la Nación que más padece este problema, el cual va en aumento; de acuerdo con Transparencia Internacional, en un año caímos 28 posiciones. Por otra parte, si únicamente tomamos como referencia a las 20 economías más importantes a nivel global, los niveles de percepción de la corrupción nos ubican en la posición número 17. Mientras esto sucede y mientras todo esto representa fuertes ataduras para el progreso económico, para el fortalecimiento de nuestra democracia y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, los actores políticos se resisten a concretar los compromisos pendientes en materia anticorrupción. Desde luego, hemos logrado avances notables en el tema de fiscalización; sin embargo, el déficit en el combate a la corrupción y a la impunidad aún es enorme, por lo que los hallazgos no pueden quedar solamente plasmados en un Informe. El mismo Auditor Superior de la Federación ha manifestado que esta institución denuncia hechos, no personas. La ASF requiere de más atribuciones para una mejor vigilancia en el ejercicio del gasto público. Por ello, es necesario continuar con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; particularmente, resolver el asunto del nombramiento del Fiscal, pero que sea autónomo y con una trayectoria intachable. Lamentablemente, los cálculos políticos, las complicidades y la obstinación por ocultar otras tantas irregularidades, seguirán estando por encima del interés de los mexicanos. Presidente de la Academia Mexicana de Educación, A.C.