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Un tema urgente: la Fiscalía General

  • Gabriela Ortiz

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma constitucional por el que la Procuraduría General de la República deberá ser reemplazada por la Fiscalía General de la República. La nueva redacción del artículo 102 constitucional establece que el ministerio público se organizará a través de una Fiscalía General como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Hoy día, a finales de 2017, podríamos afirmar que los responsables de tal transformación no han dado pasos claros ni contundentes para esta transformación.

La ciudadanía no cree ni confía en las instituciones de procuración de justicia. Los números provenientes de diferentes estudios y fuentes lo han constatado una y otra vez. El 59.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa, mientras que el 72.4% considera que vivir en su estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE).

Por su parte, el Índice Global de Impunidad desarrollado por la Universidad de las Américas y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia apunta que, del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias. Esto significa la impunidad mayoral 95%. Adicional a todo ello, a la fecha, no tenemos Procurador General de la República, ni Fiscalía autónoma, ni mucho menos a su titular.

Ante este panorama resulta difícil pensar en cómo revertir al corto y mediano la crisis de seguridad. No obstante, la sociedad civil, la academia y algunos operadores del sistema de procuración de justicia y han mostrado un compromiso con la agenda que busca transformar a la procuración de justicia de nuestro país. Su voz ha sido constante en los últimos meses.

El pasado mes de septiembre, los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, integrados por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, presentó un dictamen ciudadano para reformar la Constitución junto con los mínimos estructurales para conformar una Fiscalía General.

Por su parte, como insumo de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, convocada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el pasado mes de octubre se presentó el informe que resultó de este ejercicio donde se propone, por un lado, la necesidad de diseñar un plan de transición de Procuraduría a Fiscalía y por otro lado, las bases para un nuevo modelo de procuración de justicia.

Igualmente, la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, plataforma que ha sido fundamental en la transformación del sistema de justicia penal, en su novena edición, ha convocado al Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia en donde, como cada año, hace un corte de caja para poner el dedo sobre el renglón de cómo estamos y hacia dónde vamos para la consolidación del sistema de justicia penal adversarial.

Vale la pena destacar que en estos esfuerzos hay claras coincidencias como: generar una política criminal nacional, repensar desde sus bases normativas el combate a la delincuencia organizada, redefinir los roles en la investigación criminal, crear modelos de gestión eficientes y desburocratizados, poner en marcha un servicio de carrera efectivo y profesional, mejorar la atención y protección a víctimas, garantizar el respeto a derechos humanos, reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, etc.

Pero, sobre todo, hay un consenso fundamental: es imprescindible garantizar la transición a una Fiscalía autónoma e independiente. El horizonte hacia lo que queremos y cómo lograrlo parece ser claro. No obstante, aún se vislumbra como una gran interrogante el quién llevará el liderazgo de esta enorme tarea y la voluntad política para hacerlo.

De cara a las campañas y a la elección presidencial, no resta más que seguir construyendo y apostar hacia los cambios estructurales. Ojalá este enorme pendiente no quede atrapado entre la coyuntura política ni sea capturado por intereses partidistas. Que no se quite el dedo del renglón y, con la seriedad que merecen la seguridad y justicia, se siga trabajando.

Gabriela Ortiz Quintero

Consultora en Justicia Penal