/ martes 15 de octubre de 2019

Coparmex: Nos dieron atole con el dedo en negociación de Ley de Factureras

El sector privado no fue capaz de hacer cambiar de parecer a los diputados, admitió Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Fiscal del organismo

El sector privado no fue capaz de hacer cambiar de parecer a los diputados sobre la creación de la ley contra las factureras, que tipifica como delito de seguridad nacional la evasión y elusión fiscal, lo que equipara a las faltas fiscales como delincuencia organizada pese a las negociaciones que sostuvieron los empresarios con el Legislativo y la Secretaría de Hacienda, indicó Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Nos dieron lo que ahora será la bebida favorita de los mexicanos, atole con el dedo", acusó.

Ayer, las comisiones mixtas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma al Código Fiscal Federal que tipifica la evasión y elusión fiscal, así como el uso de facturas falsas como delincuencia organizada, lo que implica prisión preventiva contra quien resulte responsable.

"Con estas reformas se pretende matar a un pájaro con una escopeta, en lugar de usar un rifle de precisión(...) Pero esto puede causar que paguen justos por pecadores", dijo Reginaldo Esquer en conferencia de prensa.

El representante de Coparmex reconoció que el Legislativo y la Secretaría de Hacienda dijeron durante las reuniones de negociación, que duraron aproximadamente un mes, que no iban a cambiar "ni una coma" a esta iniciativa.

Por separado, Luis Curiel, presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), aseguró que la reforma es desproporcionada, porque implica una clara violación a los Derechos Humanos, porque implica la persecución de actividades fiscales de forma retroactiva hasta cinco años atrás.

Es casi imposible, dijo, que un contribuyente acredite una compra sobre una factura de cinco años de antigüedad, por lo que los empresarios y las personas físicas pueden enfrentar procesos penales. "A esa inseguridad jurídica se enfrentarán los contribuyentes", advirtió.

No obstante, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Fiscal Mexicana, aclaró que las penas de prisión preventiva sólo aplicarán para quienes cometan el crimen una vez que se publique la ley.

El sector privado no fue capaz de hacer cambiar de parecer a los diputados sobre la creación de la ley contra las factureras, que tipifica como delito de seguridad nacional la evasión y elusión fiscal, lo que equipara a las faltas fiscales como delincuencia organizada pese a las negociaciones que sostuvieron los empresarios con el Legislativo y la Secretaría de Hacienda, indicó Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Nos dieron lo que ahora será la bebida favorita de los mexicanos, atole con el dedo", acusó.

Ayer, las comisiones mixtas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma al Código Fiscal Federal que tipifica la evasión y elusión fiscal, así como el uso de facturas falsas como delincuencia organizada, lo que implica prisión preventiva contra quien resulte responsable.

"Con estas reformas se pretende matar a un pájaro con una escopeta, en lugar de usar un rifle de precisión(...) Pero esto puede causar que paguen justos por pecadores", dijo Reginaldo Esquer en conferencia de prensa.

El representante de Coparmex reconoció que el Legislativo y la Secretaría de Hacienda dijeron durante las reuniones de negociación, que duraron aproximadamente un mes, que no iban a cambiar "ni una coma" a esta iniciativa.

Por separado, Luis Curiel, presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), aseguró que la reforma es desproporcionada, porque implica una clara violación a los Derechos Humanos, porque implica la persecución de actividades fiscales de forma retroactiva hasta cinco años atrás.

Es casi imposible, dijo, que un contribuyente acredite una compra sobre una factura de cinco años de antigüedad, por lo que los empresarios y las personas físicas pueden enfrentar procesos penales. "A esa inseguridad jurídica se enfrentarán los contribuyentes", advirtió.

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