/ jueves 5 de diciembre de 2019

PALCO DE ORO

LA JUSTICIA PERDIDA EN MÉXICO


Hablar de Justicia es pensar sobre aquello que sirve para sancionar a delincuentes, pero también se considera aquello que nos mantiene a salvo nuestros derechos y también cuando se nos causa un perjuicio y la ley se aplica al causante, de tal manera que se nos devuelve lo que nos causó el daño o bien, se nos resarce económicamente el perjuicio y por último, se impone un castigo de cárcel al que nos causa el perjuicio.

Para cumplir lo anterior se cuenta con una infraestructura para los aplicadores de justicia, la Policía Municipal, Estatal, Federal y los agentes del Ministerio Público, quienes se encargan de recibir las denuncias o querellas de delitos, que no cuentan con elementos necesarios para demandar directamente a un juez, quienes una vez que supuestamente investigan e integran los elementos necesarios envían su demanda al juez (Consignación) para que sea éste quien imponga las sanciones correspondientes.

Siguen los jueces del estado, los magistrados del estado, los jueces federales, los magistrados de Tribunales Unitarios, luego de los Tribunales Colegiados y finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero que tenemos y conocemos la mayoría de los mexicanos, UNA DELINCUENCIA GENERALIZADA A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS, que está tan grande este fenómeno que pareciera que no existe nadie encargado de aplicar la ley, de otra forma no se explica que se tenga tantos actos ilícitos, vandalismos, secuestros y asesinatos, al grado que nos comparen con Afganistán o Pakistán y se nos tenga en deshonrosos primeros lugares a nivel mundial por delitos en contra de la sociedad y no hay que olvidar la cantidad de marchas constantes por inconformidades sociales y la nula respuesta de los gobernantes, lo cual nos debe de poner a pensar también este fenómeno.

No se puede negar que los delincuentes no le temen a la Policía ni a los aplicadores de justicia. Hay muchas cosas y actos entre las diferentes dependencias de gobierno que pueden pasar o tolerar la ineficiencia y corrupción, pero la impartición de justicia, los hospitales, iglesias, escuelas por citar algunas, es mucho más grave la ineficacia y corrupción como perjuicios contra la sociedad. En el caso de los aplicadores de justicia, se les tiene en un concepto muy bajo o dentro de los primeros tres lugares de falta de confianza y credibilidad social, el primero está en los partidos políticos, el segundo en las corporaciones policíacas y luego los aplicadores de la ley y justicia. En este caso, creo pertinente señalar como razón de ser la forma en que fueron seleccionados y otorgados los cargos como aplicadores de justicia, donde los gobernantes en turno los proponen para que en primer lugar les cuiden las demandas por corrupción que en su caso les venga encima una vez terminado su mandato, ya que no se olvida que todos salen multimillonarios por las travesuras que hacen como gobernantes. Si no se cambia la forma de darles trabajo a jueces y magistrados, sea por selección de los mejores abogados que presenten su currículum y que no formen parte de ningún partido político, esto cuando menos, pero si fueran electos por el pueblo donde vayan a ejercer el cargo y donde residan, sería lo ideal para mejorar la calidad de la impartición de justicia de la noche a la mañana y así, empezar a brindar confianza y seguridad en esas instituciones, que si no se hacen cambios en ese monopolio y mafias de poder, de nada servirán los cientos de miles de policías que se enlisten en las corporaciones policíacas y su capacitación para hacerlos mejores, si los responsables de impartir justicia siguen actuando como malos comerciantes en su mayoría, con sus muy raras excepciones.

LA JUSTICIA PERDIDA EN MÉXICO


Hablar de Justicia es pensar sobre aquello que sirve para sancionar a delincuentes, pero también se considera aquello que nos mantiene a salvo nuestros derechos y también cuando se nos causa un perjuicio y la ley se aplica al causante, de tal manera que se nos devuelve lo que nos causó el daño o bien, se nos resarce económicamente el perjuicio y por último, se impone un castigo de cárcel al que nos causa el perjuicio.

Para cumplir lo anterior se cuenta con una infraestructura para los aplicadores de justicia, la Policía Municipal, Estatal, Federal y los agentes del Ministerio Público, quienes se encargan de recibir las denuncias o querellas de delitos, que no cuentan con elementos necesarios para demandar directamente a un juez, quienes una vez que supuestamente investigan e integran los elementos necesarios envían su demanda al juez (Consignación) para que sea éste quien imponga las sanciones correspondientes.

Siguen los jueces del estado, los magistrados del estado, los jueces federales, los magistrados de Tribunales Unitarios, luego de los Tribunales Colegiados y finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero que tenemos y conocemos la mayoría de los mexicanos, UNA DELINCUENCIA GENERALIZADA A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS, que está tan grande este fenómeno que pareciera que no existe nadie encargado de aplicar la ley, de otra forma no se explica que se tenga tantos actos ilícitos, vandalismos, secuestros y asesinatos, al grado que nos comparen con Afganistán o Pakistán y se nos tenga en deshonrosos primeros lugares a nivel mundial por delitos en contra de la sociedad y no hay que olvidar la cantidad de marchas constantes por inconformidades sociales y la nula respuesta de los gobernantes, lo cual nos debe de poner a pensar también este fenómeno.

No se puede negar que los delincuentes no le temen a la Policía ni a los aplicadores de justicia. Hay muchas cosas y actos entre las diferentes dependencias de gobierno que pueden pasar o tolerar la ineficiencia y corrupción, pero la impartición de justicia, los hospitales, iglesias, escuelas por citar algunas, es mucho más grave la ineficacia y corrupción como perjuicios contra la sociedad. En el caso de los aplicadores de justicia, se les tiene en un concepto muy bajo o dentro de los primeros tres lugares de falta de confianza y credibilidad social, el primero está en los partidos políticos, el segundo en las corporaciones policíacas y luego los aplicadores de la ley y justicia. En este caso, creo pertinente señalar como razón de ser la forma en que fueron seleccionados y otorgados los cargos como aplicadores de justicia, donde los gobernantes en turno los proponen para que en primer lugar les cuiden las demandas por corrupción que en su caso les venga encima una vez terminado su mandato, ya que no se olvida que todos salen multimillonarios por las travesuras que hacen como gobernantes. Si no se cambia la forma de darles trabajo a jueces y magistrados, sea por selección de los mejores abogados que presenten su currículum y que no formen parte de ningún partido político, esto cuando menos, pero si fueran electos por el pueblo donde vayan a ejercer el cargo y donde residan, sería lo ideal para mejorar la calidad de la impartición de justicia de la noche a la mañana y así, empezar a brindar confianza y seguridad en esas instituciones, que si no se hacen cambios en ese monopolio y mafias de poder, de nada servirán los cientos de miles de policías que se enlisten en las corporaciones policíacas y su capacitación para hacerlos mejores, si los responsables de impartir justicia siguen actuando como malos comerciantes en su mayoría, con sus muy raras excepciones.