Tras recibir el paquete de la investigación de la desaparición de automóviles de la yarda municipal, iniciada por la administración pasada a mediados de este año, la oficina de Contraloría ha interrogado a unas 10 personas, entre servidores públicos y comisionados, reveló el coordinador de autoridad investigadora en Control Interno.
Ernesto Ortiz Avilés dio a conocer que el proceso consta de tres etapas, regidas con el esquema de la nueva Ley Estatal de Responsabilidades, que son investigación, substanciación y la resolución, y actualmente se encuentran en un 40% de avance en la primera parte.
“Se pide toda la información referente de los vehículos en los procesos de adjudicación, remate, entre otros y a seguridad pública las circunstancias que orillaron a esos vehículos a que, uno, no estén o, en su defecto, si se le causaron daños”, explicó.
La etapa actual incluye prácticamente integrar específicamente la situación de cada vehículo, ayudados por las personas que laboraron en esos procesos para poder citar a interrogatorios e ir deslindando posibles responsabilidades.
La ley dicta un periodo de tres años para finiquitar una investigación que conlleve conductas no graves, y hasta 7 años tienen los órganos de control para sancionar conductas graves.
A raíz de la indagación que se hace actualmente se han implementado medidas preventivas por los robos o daños ocasionados a las unidades en resguardo, como un proceso de inventario cotejado por los elementos que laboran en la bodega, pero no se ha colocado un sistema de videovigilancia, reconoció.
Refirió que las primeras quejas se originan desde que en la administración del doctor Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del 2006 al 2009, se registraron pérdidas al parecer tras la implementación de un programa de remate y adjudicación de vehículos.
