La Procuraduría General de la República negó que la investigación de presunto lavado de dinero en donde se encuentra involucrado el candidato presidencial, Ricardo Anaya, estén dirigidas a una persona en específico, “En el marco de sus obligaciones constitucionales, la PGR investiga el caso sin consideración electoral alguna”.
Luego de que los dirigentes de los partidos políticos que integran a la coalición Por México al Frente, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI ante la OEA, de hacer uso faccioso y abusivo de las instituciones federales contra su candidato presidencial Ricardo Anaya, la PGR informó que si bien cualquier partido o coalición tiene el derecho a acudir a instancias internacionales para plantear sus preocupaciones sobre el proceso electoral, la conducción de éste es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que protege las garantías para una elección que dé certeza a la ciudadanía.
Advierte que a través de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, la PGR también colabora para que la OEA despliegue una Misión de Observación Electoral, a la que la Organización fue invitada por el Instituto Nacional Electoral en mayo del año pasado.
Sin hacer mención al candidato Ricardo Anaya, la PGR sostiene que las instituciones del Gobierno de la República han atendido a las resoluciones del INE, como lo hizo la PGR el pasado 14 de marzo en cumplimiento a las medidas cautelares que le fueron solicitadas.
Con relación a los señalamientos específicos del actuar de la PGR, cabe puntualizar que el pasado 26 de octubre de 2017, se recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Derivado de ello, se inició una carpeta de investigación a la que se han integrado evidencias, diversos testimonios y pruebas documentales que obligan a esta Procuraduría a profundizar las investigaciones para confirmar o descartar algunas imputaciones.
Indicó que las investigaciones en curso se conducen para esclarecer los hechos y no en contra de alguna persona en específico. En el marco de sus obligaciones constitucionales, la PGR investiga el caso sin consideración electoral alguna.
En este caso, dice, una vez concluida la investigación, se podrá determinar si los probables imputados deberán presentarse ante la autoridad judicial correspondiente.
Hace hincapié en que continuará cumpliendo con sus funciones, con independencia de los procesos electorales o actividades partidistas en curso, y colaborando con diversos órganos y mecanismos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, bajo los principios de objetividad e imparcialidad, así como de respeto a la soberanía y facultades de las autoridades mexicanas.
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