El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que la iniciativa de crear una Guardia Nacional “está lejos de ser el detonador o el gatillo de un proceso de militarización en el país’’.
Al contrario, añadió, es una propuesta para encauzar, redirigir y dar organicidad a la lucha contra la inseguridad y la violencia, desde bases constitucionales e institucionales más sólidas.
Destacó que la Guardia Nacional es una figura que está contemplada en dos constituciones sucesivas, las de 1857 y 1917, sin que se hayan desarrollado sus capacidades legales, institucionales, organizativas y presupuestales como cuerpo de seguridad.
“No es un invento; es una figura prevista, pero no desarrollada’’, sostuvo Monreal Ávila.
La lucha contra inseguridad y violencia
Monreal Ávila dijo que es una fuerza de seguridad intermedia entre el diseño militar clásico desarrollado para guerras convencionales y cuerpos civiles de seguridad pública estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia que la delincuencia común, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico, entre otros.
Explicó que una cuarta parte de países en el mundo (47 de 194 naciones soberanas), la mayor parte de ellos considerados como democracias consolidadas: Estados Unidos de América, Francia, Alemania, España, Italia, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros, disponen de una “fuerza de seguridad intermedia” que recibe denominaciones varias: Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía Nacional, Carabineros, etcétera.
El carácter civil de la nueva Guardia Nacional está garantizado por el hecho de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil electo: el presidente de la República. El reclutamiento no se realiza de manera cerrada entre cuarteles, sino de manera abierta entre la población civil.
Además, la capacitación contempla una fuerte formación en el respeto a los derechos humanos y el manejo acotado de la fuerza letal; no hay fueros corporativos o de excepción para sus integrantes, y el procesamiento de faltas o abusos de autoridad corre a cargo de la justicia civil, no de tribunales especiales, entre otras diferencias con los llamados regímenes de seguridad militar.
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