/ lunes 13 de enero de 2020

Jefa del SAT, riesgo para la economía: Integralia

También, Mayor fiscalización a finanzas empresariales, altos niveles de inseguridad y los conflictos sociales

Integralia identificó a la concentración del poder, la incertidumbre jurídica y principalmente a la economía como los factores más proclives a verse afectados en el 2020 desde el Gobierno federal.

Ello, al analizar los 10 principales riesgos para 2020 con potencial de impactar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país.

Dentro de su estudio "Diez Riesgos Políticos para 2020", Integralia percibe como riesgos a la Economía la mayor fiscalización a finanzas empresariales, los altos niveles de inseguridad, el aumento de conflictividad social, y la influencia del Presidente de la República en el Banco de México (Banxico).

El documento apunta el riesgo que representa la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ya que prevé respalde la estricta política de austeridad de este gobierno y a “las prácticas de fiscalización más agresivas dados sus antecedentes y su cercanía al presidente de la República”.

Señala que debido a cambios legislativos en 2019 en materia facturas falsas y empresas fantasma que obligara a los contribuyentes de volúmenes altos a tener cuidado extremo en el llenado de facturas. Además, indica que se aprobó una medida que plantea que los asesores fiscales informen al SAT sobre los esquemas reportables que generen algún beneficio fiscal, lo cual generará mayores responsabilidades a tales asesores que tendrán que emitir una declaración adicional con esta información, mientras que el SAT podría prejuzgar la validez o legalidad de dichos esquemas.

En este contexto inscribe la falta de reacción del gobierno federal “a pesar de las fallas en la estrategia de seguridad que se hicieron evidentes en 2019”, ya que no se ha realizado ningún cambio en la composición del gabinete de seguridad.

“Persiste, además, una falta de claridad sobre las políticas de reinserción social, prevención del delito y reforma del sistema de procuración de justicia que el gobierno pretende implementar”, apunta, al tiempo que subraya “es probable que estados y municipios no contarán con los recursos suficientes para reforzar a sus cuerpos policiacos e implementar estrategias de seguridad efectivas. Por ello, es probable que las tasas de incidencia delictiva se mantengan en el próximo año”.

Así mismo, percibe incertidumbre jurídica ante el activismo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión, el desmantelamiento de la Reforma Energética; así como concentración de poder, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador refuerza su influencia sobre el Poder Judicial y órganos autónomos e impulsa una reforma electoral que vulnera la autonomía del INE y reduce el financiamiento a los partidos políticos.

Integralia identificó a la concentración del poder, la incertidumbre jurídica y principalmente a la economía como los factores más proclives a verse afectados en el 2020 desde el Gobierno federal.

Ello, al analizar los 10 principales riesgos para 2020 con potencial de impactar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país.

Dentro de su estudio "Diez Riesgos Políticos para 2020", Integralia percibe como riesgos a la Economía la mayor fiscalización a finanzas empresariales, los altos niveles de inseguridad, el aumento de conflictividad social, y la influencia del Presidente de la República en el Banco de México (Banxico).

El documento apunta el riesgo que representa la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ya que prevé respalde la estricta política de austeridad de este gobierno y a “las prácticas de fiscalización más agresivas dados sus antecedentes y su cercanía al presidente de la República”.

Señala que debido a cambios legislativos en 2019 en materia facturas falsas y empresas fantasma que obligara a los contribuyentes de volúmenes altos a tener cuidado extremo en el llenado de facturas. Además, indica que se aprobó una medida que plantea que los asesores fiscales informen al SAT sobre los esquemas reportables que generen algún beneficio fiscal, lo cual generará mayores responsabilidades a tales asesores que tendrán que emitir una declaración adicional con esta información, mientras que el SAT podría prejuzgar la validez o legalidad de dichos esquemas.

En este contexto inscribe la falta de reacción del gobierno federal “a pesar de las fallas en la estrategia de seguridad que se hicieron evidentes en 2019”, ya que no se ha realizado ningún cambio en la composición del gabinete de seguridad.

“Persiste, además, una falta de claridad sobre las políticas de reinserción social, prevención del delito y reforma del sistema de procuración de justicia que el gobierno pretende implementar”, apunta, al tiempo que subraya “es probable que estados y municipios no contarán con los recursos suficientes para reforzar a sus cuerpos policiacos e implementar estrategias de seguridad efectivas. Por ello, es probable que las tasas de incidencia delictiva se mantengan en el próximo año”.

Así mismo, percibe incertidumbre jurídica ante el activismo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión, el desmantelamiento de la Reforma Energética; así como concentración de poder, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador refuerza su influencia sobre el Poder Judicial y órganos autónomos e impulsa una reforma electoral que vulnera la autonomía del INE y reduce el financiamiento a los partidos políticos.

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