/ domingo 3 de enero de 2021

Agricultores, fuera del mercado de cannabis

La legislación incluye una regulación excesiva para los pequeños productores que les será difícil cumplir

La Ley para la Regulación del Cannabis, aprobada por el Senado de la República y que será analizada en febrero próximo por la Cámara de Diputados, contiene disposiciones que dejarían el nuevo mercado en manos de grandes compañías y marginarían a los productores campesinos mexicanos que hoy trabajan clandestinamente para el narcotráfico.

Especialistas y legisladores consultados por El Sol de México advierten que la reforma, tal cual la aprobó la Cámara alta, dejará fuera del mercado legal de la mariguana a los pequeños agricultores mexicanos, al exigirles la “trazabilidad” de sus semillas para rastrear su ruta desde que se cosecha hasta que llega al punto de venta en forma de producto final. Estos sistema suelen ser caros y complejos, lo que imposibilitaría a muchos agricultores cumplir con el requisito.

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El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador perfilaba integrar en una primera instancia a los campesinos productores de esta planta, que hasta ahora siembran en la ilegalidad, como parte de una nueva estrategia para reformular el combate a las drogas.

Sin embargo, la legislación incluye una regulación excesiva para los productores pequeños que les será difícil cumplir y salir a flote. Un análisis técnico de la minuta aprobada por el Senado, hecha por la organización México Unido contra la Delincuencia, expone que los empaques que exige la ley hará imposible a estos grupos participar de la actividad económica, ya que deben ser “elaborados preferentemente con materiales sostenibles, reciclables, biodegradables y compostales, además de ser herméticos, resellables y a prueba de niñas y niños”.

La ley, continúa la ONG, no contempla acompañamiento, orientación ni asesoría legal, técnica o financiera para pequeños productores y tampoco especifica si tendrán acceso a capital en condiciones que les permitan entrar, permanecer y competir en el mercado. Y para tener una licencia con fines comerciales o de transformación, deberán contar con RFC y tener una opinión positiva por el SAT en materia de impuestos.

Finalmente hay un tema que tiene que ver con la integración vertical, es decir, que una empresa o persona que tenga permisos para cultivar, también los tenga para transformar, comercializar y exportar los productos derivados de la planta.

Con esto, advierten especialistas, se corre el riesgo de que un pequeño grupo de empresas con mucho capital tenga múltiples licencias y domine toda la cadena de valor, monopolizando el mercado. Al poder tener licencias para sembrar, no necesitarían de los pequeños campesinos para abastecerse en tanto que estos últimos tendrían complicaciones para cumplir con todos los requisitos para adquirir licencias de transformación y venta del producto.

Para la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, la minuta aprobada por los senadores “está centrada en el mercado, un mercado que básicamente se ha desarrollado en Canadá y no en México, que deja de lado a los usuarios”.

“Por supuesto, eso limitaría a los productores mexicanos y abre las puertas a un mercado industrializado que está promoviendo la trazabilidad, que es poder identificar la semilla del cannabis hasta que llega como producto final al usuario, mediante un código de barras que permite identificar todo el proceso”.

La legisladora considera que la nueva ley debe ser modificada para permitir el autocultivo y las asociaciones para poderlo hacer, y es que los colectivos promotores de la reforma denuncian que para crear una asociación civil no se pide un número determinado de asociados, sin embargo, para cultivar mariguana, la reforma sí lo estipula.

Paco OG, microempresario que vende productos de cannabis a través de su compañía Mexa OG, ve como positivo que se demore su aprobación, siempre y cuando los diputados subsanen las carencias que tiene la minuta enviada por el

Senado. Añade que los legisladores deben otorgar mayores licencias a los pequeños productores nacionales.

En 2018, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional la prohibición del cannabis para su uso recreativo y ordenó al Congreso legislar para permitir su consumo. Sin embargo, los legisladores no han podido concluir la reforma. Ya pasaron casi dos años y la Corte les ha brindado cuatro prórrogas.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el Senado aprobó la regulación de la mariguana para fines recreativos tras un siglo de prohibición. Se espera que en febrero la Cámara de Diputados concluya la tarea y cumpla con el fallo del Poder Judicial.

La Ley para la Regulación del Cannabis, aprobada por el Senado de la República y que será analizada en febrero próximo por la Cámara de Diputados, contiene disposiciones que dejarían el nuevo mercado en manos de grandes compañías y marginarían a los productores campesinos mexicanos que hoy trabajan clandestinamente para el narcotráfico.

Especialistas y legisladores consultados por El Sol de México advierten que la reforma, tal cual la aprobó la Cámara alta, dejará fuera del mercado legal de la mariguana a los pequeños agricultores mexicanos, al exigirles la “trazabilidad” de sus semillas para rastrear su ruta desde que se cosecha hasta que llega al punto de venta en forma de producto final. Estos sistema suelen ser caros y complejos, lo que imposibilitaría a muchos agricultores cumplir con el requisito.

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El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador perfilaba integrar en una primera instancia a los campesinos productores de esta planta, que hasta ahora siembran en la ilegalidad, como parte de una nueva estrategia para reformular el combate a las drogas.

Sin embargo, la legislación incluye una regulación excesiva para los productores pequeños que les será difícil cumplir y salir a flote. Un análisis técnico de la minuta aprobada por el Senado, hecha por la organización México Unido contra la Delincuencia, expone que los empaques que exige la ley hará imposible a estos grupos participar de la actividad económica, ya que deben ser “elaborados preferentemente con materiales sostenibles, reciclables, biodegradables y compostales, además de ser herméticos, resellables y a prueba de niñas y niños”.

La ley, continúa la ONG, no contempla acompañamiento, orientación ni asesoría legal, técnica o financiera para pequeños productores y tampoco especifica si tendrán acceso a capital en condiciones que les permitan entrar, permanecer y competir en el mercado. Y para tener una licencia con fines comerciales o de transformación, deberán contar con RFC y tener una opinión positiva por el SAT en materia de impuestos.

Finalmente hay un tema que tiene que ver con la integración vertical, es decir, que una empresa o persona que tenga permisos para cultivar, también los tenga para transformar, comercializar y exportar los productos derivados de la planta.

Con esto, advierten especialistas, se corre el riesgo de que un pequeño grupo de empresas con mucho capital tenga múltiples licencias y domine toda la cadena de valor, monopolizando el mercado. Al poder tener licencias para sembrar, no necesitarían de los pequeños campesinos para abastecerse en tanto que estos últimos tendrían complicaciones para cumplir con todos los requisitos para adquirir licencias de transformación y venta del producto.

Para la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, la minuta aprobada por los senadores “está centrada en el mercado, un mercado que básicamente se ha desarrollado en Canadá y no en México, que deja de lado a los usuarios”.

“Por supuesto, eso limitaría a los productores mexicanos y abre las puertas a un mercado industrializado que está promoviendo la trazabilidad, que es poder identificar la semilla del cannabis hasta que llega como producto final al usuario, mediante un código de barras que permite identificar todo el proceso”.

La legisladora considera que la nueva ley debe ser modificada para permitir el autocultivo y las asociaciones para poderlo hacer, y es que los colectivos promotores de la reforma denuncian que para crear una asociación civil no se pide un número determinado de asociados, sin embargo, para cultivar mariguana, la reforma sí lo estipula.

Paco OG, microempresario que vende productos de cannabis a través de su compañía Mexa OG, ve como positivo que se demore su aprobación, siempre y cuando los diputados subsanen las carencias que tiene la minuta enviada por el

Senado. Añade que los legisladores deben otorgar mayores licencias a los pequeños productores nacionales.

En 2018, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional la prohibición del cannabis para su uso recreativo y ordenó al Congreso legislar para permitir su consumo. Sin embargo, los legisladores no han podido concluir la reforma. Ya pasaron casi dos años y la Corte les ha brindado cuatro prórrogas.

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