De mayo de 2018 a junio de 2020 se registraron mil 359 detenciones arbitrarias e ilegales en México, una práctica que es recurrente entre las corporaciones de seguridad en el país que violan los derechos humanos y procesales, señaló el Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias (ONDA).
En entrevista para El Sol de México Mariana Prieto y Jutzui Cruz, co-coordinadoras del Observatorio que está conformado por ocho organizaciones de la sociedad civil y colectivos, explican que esta práctica es cometida por diversas organizaciones de seguridad, “no solo policías, también identificamos en los tres niveles de gobierno esta práctica constante”.
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El Observatorio nació en 2019 por iniciativa de la organización Educiac y en octubre del 2020 fue reconocido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con el tercer lugar del Premio a la innovación en transparencia, en la categoría de organizaciones de la sociedad civil, por “recabar información, visibilizar e incidir colectivamente para erradicar la práctica de detenciones arbitrarias”.
Datos del ONDA, obtenidos a través de un monitoreo a medios de circulación nacional, señalan que 30 por ciento de estas detenciones fueron efectuadas por la hoy extinta Policía Federal, 26 por ciento por policías estatales, 15 por ciento por policías municipales y ocho por ciento por militares y policías ministeriales, mientras que 21 por ciento restante fueron realizadas por entidades no identificadas.
En sus datos, reporta que en la actualidad los estados con mayor incidencia son Veracruz con 245 detenciones, seguido de Chihuahua con 187, Chiapas con 180 y Baja California con 168.
"En la detención arbitraria no hay comisión de delito, es una detención sin delito alguno, y la detención ilegal está vinculada al no seguimiento de protocolos establecidos por parte de las corporaciones”, explica Cruz. Estos corresponden tanto “en seguridad como en materia de derechos humanos”, añade Prieto.
De acuerdo a ONDA, estas detenciones “son violaciones a derechos humanos justificadas con la preservación del orden público y prevención del delito, sin embargo, son inicio de una cadena de violaciones que pueden escalar en tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecución extrajudicial”.
Prieto explica que entre las principales características que propician que las personas sean detenidas arbitrariamente se encuentran aspectos como la ubicación (estar en zonas como las periferias, carreteras y corredores rápidos donde no suelen haber testigos), pertenecer a un grupo social y económico específico, e incluso por temas de discriminación por la vestimenta o el color de piel.
Sin embargo, dice, “el principal elemento que encontramos dentro de las detenciones arbitrarias y quiénes son sujetos de estas mismas son personas jóvenes, de entre 12 a 29 años, principalmente hombres de contextos precarizados".
Actualmente ONDA trabaja en su aplicación Sindea, que permite reportar en tiempo real una detención arbitraria.
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