/ viernes 1 de noviembre de 2019

Manzanillo vive una crisis de inseguridad

El secretario de Marina confirmó que la alcaldesa vive en la base naval por temor a otro atentado

Ayer, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán reveló que la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, vive en las instalaciones navales en ese puerto tras el atentado que sufrió en julio pasado.

Martínez Martínez lleva al menos una semana sin actividades públicas luego de que fue baleada el 29 de julio durante un evento de la presidencia municipal. En el atentado resultaron lesionados uno de sus escoltas y una mujer que asistió al acto.

Manzanillo es uno de los puertos de mercancías más importantes del país. Se estima que casi la mitad de contenedores que llegan por barco a México pasan por sus aduanas, sin embargo, también es conocido por ser la principal puerta de entrada de drogas ilícitas provenientes de Asia, situación que llevó en agosto al presidente López Obrador a reconocerla como la aduana que mayor infiltración sufre por parte del crimen organizado.

Esto ha llevado a una ola de violencia generada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control del puerto, como lo reconoció el gobierno estatal.

Tan sólo en los primeros seis meses del año, en la ciudad se registraron 140 homicidios dolosos, lo que representa 44 por ciento del total del estado de Colima.

Los grupos criminales buscan controlar el puerto debido a su ubicación estratégica, ya que conecta a los países asiáticos con toda la costa pacífica del Continente Americano.

Meses atrás, Renato Sales Heredia, quien fuera el comisionado Nacional de Seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto, señaló que la escalada de violencia en el puerto se debe a la disputa por el control del tráfico de fentanilo, droga de moda en Estados Unidos, la cual proviene de mafias asiáticas y que es movida en cajas de diversas mercancías que pasan por los contenedores.

También entran precursores químicos para drogas sintéticas que se producen en México, cargamentos muy codiciados por los cárteles que tienen narcolaboratorios en gran parte de la costa del Pacífico mexicano.

También buscan sacar mercancias del país, principalmente a Estados Unidos, a donde envían metanfetamínas y mariguana producidas en el país, el fentanilo de origen asiático, o cocaína que llega desde Sudamérica.

Otro negocio importante es la salida de metales obtenidos de manera ilegal de mineras mexicanas. Por ejemplo, cuando el cártel michoacano de los Cabelleros Templarios operaba a su máxima capacidad, parte de sus actividades era la extracción ilegal y el robo de acero u otros minerales que sacaban del país a través de los puertos de Lázaro Cárdenas, en su estado, y de Manzanillo.

Hace unos días, la Secretaría de Economía admitió que bandas criminales roban grandes cantidades de metales preciosos y minerales industriales a mineras del país, que luego son enviados a China.

Ayer, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán reveló que la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, vive en las instalaciones navales en ese puerto tras el atentado que sufrió en julio pasado.

Martínez Martínez lleva al menos una semana sin actividades públicas luego de que fue baleada el 29 de julio durante un evento de la presidencia municipal. En el atentado resultaron lesionados uno de sus escoltas y una mujer que asistió al acto.

Manzanillo es uno de los puertos de mercancías más importantes del país. Se estima que casi la mitad de contenedores que llegan por barco a México pasan por sus aduanas, sin embargo, también es conocido por ser la principal puerta de entrada de drogas ilícitas provenientes de Asia, situación que llevó en agosto al presidente López Obrador a reconocerla como la aduana que mayor infiltración sufre por parte del crimen organizado.

Esto ha llevado a una ola de violencia generada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control del puerto, como lo reconoció el gobierno estatal.

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