La Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, será una realidad en Sonora, luego de que en el Congreso del Estado se aprobó por unanimidad la creación de esta dependencia.
Esta dependencia, fungirá como un órgano administrativo desconcentrado jerárquicamente, subordinado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y estará especializada en la protección y defensa de los derechos de este grupo de la sociedad, según lo que comunicó el Congreso del Estado
“Proporcionará orientación, asesoramiento y representación gratuita en materia legal, además que visitará, vigilará y supervisará establecimientos públicos y privados donde se atienda a personas con discapacidad, para asegurar que cuenten con las adecuaciones necesarias para su atención, entre otras funciones”.
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En cuanto a las acciones que podrá ejercer este órgano es que podrá sancionar, mediante la figura de denuncia popular, a sujetos públicos y privados que violen los derechos humanos de las personas con discapacidad y colaborará con la Fiscalía General de Justicia en la investigación de los delitos cometidos en su contra, además de que deberá mantener un Registro Estatal de Personas con Discapacidad.
Para la creación de este órgano de justicia el dictamen con proyecto de Decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora.
La iniciativa de reforma toma como antecedente el Censo de Población y Vivienda 2020 en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en Sonora el 17 por ciento de la población total presenta alguna discapacidad, lo cual corresponde a 145 mil 473 personas, además de 317 mil 996 personas con limitación para movilizarse o bien 40 mil 272 personas con algún problema o condición mental.
Así como también tomó como referencia la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2020) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual documentó que, en 2020, 49.5 por ciento de las personas con discapacidad se encontraban en situación de pobreza y el 10.2 por ciento en situación de pobreza extrema.
