El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio informó esta mañana en la Sección de Cero Impunidad de la Conferencia Mañanera de Andrés Manuel López Obrador que Enrique Hernández Miranda, un juez de Control en Sonora se encuentra entre los ocho cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público y algunas resueltas favorablemente por el Tribunal de Alzada.
Según lo que informó Rodrígez Bucio, el juez de apellidos Hernández Miranda ha emitido 13 resoluciones desfavorables a la justicia, donde en nueve casos determinó no vincular a proceso penal, en un caso calificó de ilegal la detención y en tres determinó sentencia absolutoria.
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Un caso relevante fue que en la audiencia del 19 de julio de 2023 determinó no vincular a proceso a un hombre investigado por el delito de tráfico de migrantes agravado y cohecho quien a bordo de un autobús transportaba a 116 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador y de los cuáles 37 eran niños, niñas y adolescentes.
El hombre que liberó Hernández Miranda era era investigado por conducir el autobús donde viajaban las 116 personas migrantes y los hechos ocurrieron en la Carretera Federal México 15.
El caso completo del juez de Control, lo absorbió la Fiscalía General de la República por lo que se encuentra bajo investigación.
El juez laboraba en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y tiene residencia en Hermosillo.
Por otro lado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, compartió ante medios de comunicación que el Gobierno del Estado interpuso una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra la actuación del juez el cual liberó a presuntos traficantes de migrantes.
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El subsecretario de Seguridad expuso además a 21 magistrados y jueces que presuntamente buscarían favorecer a delincuentes de los cuales cinco casos fueron de jueces con denuncia penal y/o queja ante el consejo de la Judicatura Federal, ocho casos fueron cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público y algunas resueltas favorablemente por el Tribunal de Alzada y ocho casos fueron de Magistrados y Jueces que ante la Comisión de Delitos Graves, se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
