El Instituto Nacional Electoral no puede aplicar sanciones, sin embargo, sí puede dictar medidas cautelares cuando se dan casos de violencia en razón de género.
La vocal ejecutiva del organismo Karem Galaviz Pérez, informó que el INE no es una autoridad que aplique sanciones, sino que dicta medidas cautelares, éstas están hechas para proteger a la víctima de manera inmediata.
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“Cuando alguna de las esferas de la vida de la víctima se ve violentada y corre peligro, se tienen que dictar medidas cautelares para que no alcance a vulnerar en otros niveles”.
Agregó que pueden ser medidas tales como eliminación de material que denigre a la víctima, ya sea textos o fotografías.
Cabe señalar que el caso del empresario Ricardo Salinas en contra de la senadora Citlalli Hernández, ha acaparado mucho la atención a nivel nacional, y se ha creado polémica acerca de “sanciones” que impone el INE contra el particular.
Dijo que el organismo es un organismo instructor y tendría que llegar hasta el ámbito judicial, quienes determinarán si existe o no violencia política.
“Algo que es importante es que la violencia política que se ejerce contra las mujeres, peor para poder determinarse como tales, ellas deben estar ejerciendo un cargo que haya emanado de la voluntad popular, a través del voto, o que sean puestos donde se detente el poder público”.
Expresó que se trata de un caso interesante y que sienta precedente, por lo que habría que esperar que el Tribunal Electoral Federal cómo se posiciona al respecto.
Mencionó que, si bien el INE defiende los derechos de una mujer para ejercer un cargo público, a la persona a la que están mandatando acciones para respetar las medidas cautelares, se trate de un particular.
Indicó que se trata de un tema inédito y que pueden tener diversos criterios que pueden salir de este caso.
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Aclaró que no se trata de cualquier particular a quien se le imponen las medidas, es una persona que sí tiene alguna capacidad para el debate público.
“La función del INE es tutelar los derechos de las personas, cualquier resolución que busque salvaguardar los derechos, tiene que ser acatada”.
