Como parte del proceso de armonización a la legislación local con la federal y en atención a la solicitud ciudadana de organizaciones de mujeres, el Congreso del Estado aprobó en marzo reformas enfocadas proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia de género y su normalización.
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Establece sancionar a quienes por cualquier medio filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas, no solo es a servidores públicos, sino también a cualquier persona y, de ser servidor público, la pena se agrava.
Se refirió a que el derecho a la intimidad, a la privacidad e identidad, es un derecho humano fundamental o básico que afecta a lo más subjetivo de la persona, su individualidad y sus libertades fundamentales, que no pueden ser transgredidas y resultan intocables, si conlleva el consentimiento y la libre voluntad del titular de estos de estos derechos.
Manifestó que las modificaciones a la legislación local están orientadas a sancionar a los servidores públicos y cualquier persona que difunda imágenes, audios, videos, documentos, información sobre la investigación penal o condiciones personales relacionadas con víctimas de un hecho de violencia.
Faltan las formas
Por su parte, el abogado Víctor Acosta Cid, comentó que la idea es buena, sin embargo, las formas no son las adecuadas, y esto puede ocasionar amparos.
Manifestó que se divide el caso en dos vertientes, la información y las imágenes, en donde éstas últimas pueden ocasionar problemas porque los familiares no quieren ver a los suyos accidentados o sangrando.
“Muchas veces circulan fotos de personas fallecidas y son hirientes para sus familiares, no les gusta que estén en las redes sociales, creo por ese lado, se necesitaba regular”.
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Pero, así como se reguló el manejo de fotos, pero no pueden restringir toda la información, por eso las formas no son las más idóneas.
“Hacer eso puedes restringir la libertad de expresión, también esto podría dar pie a que se presenten amparos”.
