/ sábado 5 de diciembre de 2020

Niega Estado violación a derechos de Ernestina Ascenso Rosario

Lamentan organizaciones civiles la postura del Gobierno de la República sobre el caso

El Gobierno mexicano y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se cometieron violaciones de derechos humanos en las investigaciones de la muerte de Ernestina Ascenso Rosario ocurrida el 26 de febrero de 2007.

México acudió a la audiencia sin presentar el informe solicitado por la CIDH sobre el caso, por lo que la comisión tuvo que ampliar el plazo hasta el próximo 3 de enero para entregarlo, así como para resolver los cuestionamientos de las comisonadas y las solicitantes, incluida la referente al número de casos de violaciones por parte de miembros del Ejército, registradas por las autoridades federales.

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Durante una audiencia pública, celebrada ayer de manera virtual, Cristopher Ballinas Valdés, director para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como Hernán Cortés Hernández, representante de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), defendieron que las autoridades realizaron la investigación de forma justa, lo cual fue ratificado en 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de José Luis Soberanes.

Los funcionarios de la SRE y de la FGE corroboraron la versión del Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de Veracruz y del expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que la muerte de Ernestina se debió a una úlcera gástrica, aún cuando en la primera autopsia realizada se documentaron evidencias de agresión sexual atribuidas a miembros del Ejército por la mujer de 73 años, quien poco antes de morir dijo a sus familiares que la habían agredido “los verdes”, como se conoce en esa región a los militares.

Ernestina Ascencio falleció la madrugada del 26 de febrero en el hospital regional de Río Blanco y el caso fue cerrado por las autoridades veracruzanas en menos de dos semanas.

En su exposición de motivos, autoridades mexicanas aseguraron que las investigaciones por la muerte de Ernestina fueron transparentes y pusieron a disposición de los familiares el expediente.

De acuerdo con los familiares de Ernestina, la mujer murió a causa de una violación que le provocó daño en el recto.

Por su parte, las peticionarias de la audiencia en la CIDH, entre las que se encuentran las organizaciones Abogadas y Aboga- dos para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Centro de Servicios Municipales denunciaron que la muerte de Ernestina ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y mayores.

“Lamentamos seriamente la posición que el Estado mexicano ha traído a esta audiencia, teníamos expectativas de que tu- vieran otra posición, pero sólo se reafirma la verdad histórica, como se acostumbra en México construir para la impunidad y la opacidad, lo que nos parece muy lamentable. No escuchamos ninguna explicación satisfactoria, vemos un profundo desdén en este caso hacia las victimas”, afirmó la abogada Carmen Herrera tras la intervención de los representantes del Estado mexicano.

Por su parte, Antonia Urreloja, relatora de la CIDH, consideró que México debe seguir trabajando en políticas públicas ya que hay evidencia de una discriminación estructural contra las mujeres indígenas. “Ya hay antecedentes en México sobre violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de las Fuerzas Armadas así como la falta de acceso a la justicia”.

En respuesta, , Ballinas Valdés, destacó que se hacen reformas a las Fuerzas Armadas para atender “situaciones delicadas” y para que entreguen toda la información soROXANA GONZÁLEZlicitada por la CIDH sobre el caso.

El Gobierno mexicano y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se cometieron violaciones de derechos humanos en las investigaciones de la muerte de Ernestina Ascenso Rosario ocurrida el 26 de febrero de 2007.

México acudió a la audiencia sin presentar el informe solicitado por la CIDH sobre el caso, por lo que la comisión tuvo que ampliar el plazo hasta el próximo 3 de enero para entregarlo, así como para resolver los cuestionamientos de las comisonadas y las solicitantes, incluida la referente al número de casos de violaciones por parte de miembros del Ejército, registradas por las autoridades federales.

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Durante una audiencia pública, celebrada ayer de manera virtual, Cristopher Ballinas Valdés, director para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como Hernán Cortés Hernández, representante de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), defendieron que las autoridades realizaron la investigación de forma justa, lo cual fue ratificado en 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de José Luis Soberanes.

Los funcionarios de la SRE y de la FGE corroboraron la versión del Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de Veracruz y del expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que la muerte de Ernestina se debió a una úlcera gástrica, aún cuando en la primera autopsia realizada se documentaron evidencias de agresión sexual atribuidas a miembros del Ejército por la mujer de 73 años, quien poco antes de morir dijo a sus familiares que la habían agredido “los verdes”, como se conoce en esa región a los militares.

Ernestina Ascencio falleció la madrugada del 26 de febrero en el hospital regional de Río Blanco y el caso fue cerrado por las autoridades veracruzanas en menos de dos semanas.

En su exposición de motivos, autoridades mexicanas aseguraron que las investigaciones por la muerte de Ernestina fueron transparentes y pusieron a disposición de los familiares el expediente.

De acuerdo con los familiares de Ernestina, la mujer murió a causa de una violación que le provocó daño en el recto.

Por su parte, las peticionarias de la audiencia en la CIDH, entre las que se encuentran las organizaciones Abogadas y Aboga- dos para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Centro de Servicios Municipales denunciaron que la muerte de Ernestina ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y mayores.

“Lamentamos seriamente la posición que el Estado mexicano ha traído a esta audiencia, teníamos expectativas de que tu- vieran otra posición, pero sólo se reafirma la verdad histórica, como se acostumbra en México construir para la impunidad y la opacidad, lo que nos parece muy lamentable. No escuchamos ninguna explicación satisfactoria, vemos un profundo desdén en este caso hacia las victimas”, afirmó la abogada Carmen Herrera tras la intervención de los representantes del Estado mexicano.

Por su parte, Antonia Urreloja, relatora de la CIDH, consideró que México debe seguir trabajando en políticas públicas ya que hay evidencia de una discriminación estructural contra las mujeres indígenas. “Ya hay antecedentes en México sobre violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de las Fuerzas Armadas así como la falta de acceso a la justicia”.

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