Una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría Pública para fortalecer esta área se presentó por parte de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena.
La iniciativa busca que la seguridad jurídica de las y los sonorenses sea garantizada por lo que proponen implementar estrategias y soluciones que incrementen la calidad de los servicios, agilicen los procesos, mejoren la capacidad de la institución y eleven la productividad de las personas servidoras públicas de la Defensoría.
La iniciativa que reforma la Ley de la Defensoría Pública, fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio.
El Congreso comunicó que en la iniciativa se contemplan cambios organizativos que implican la reorientación y reestructuración de la institución.
También se contempla el fortalecimiento tanto del personal como de los programas de capacitación y difusión.
La diputada María Jesús Castro Urquijo explicó que el objetivo es mejorar y optimizar el funcionamiento de la Defensoría Pública, para brindar un servicio de calidad a quienes requieren asistencia legal apegándose al principio de innovación establecido en la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Sonora.
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“Con esto se busca diseñar, desarrollar e implementar estrategias y soluciones innovadoras que incrementen la calidad de los servicios, agilicen los procesos, mejoren la capacidad de la institución y eleven la productividad de las personas servidoras públicas de la Defensoría”.
La diputada dijo que también buscan definir de manera clara y precisa las atribuciones, funciones, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades tanto de los Defensores Públicos como del resto de los servidores públicos.
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La legisladora dijo que el defensor público deberá elaborar y suscribir convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios para la consecución de los fines de la Defensoría.
También informó que de aprobarse esta iniciativa el defensor público deberá diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización dirigidos al personal así como proponer ante el Poder Ejecutivo del Estado el nombramiento del personal encargado de las diferentes áreas de la Defensoría Pública y capacitar de manera permanente en materia de lenguaje de señas y el sistema de lectoescritura Braille; entre otros.
