Hay tantos fuegos por apagar en Arizona y seguimos aferrados en escarbar en cementerios. Después del complicado año que fue el 2010 para nuestro Estado, se vivió una especie de tregua política que buscaba enfocarse en temas mucho más apremiantes de “cazar” inmigrantes, como la educación, la pandemia y la economía. Pero esta paz se terminó.
Desde 2020, con el mano a mano de Donald Trump y Joe Biden para la Presidencia de Estados Unidos y luego la controvertida campaña a la gubernatura de Kari Lake y Katie Hobbs, se podía predecir lo que venía: un año de desafíos políticos que reabrirían las heridas de una comunidad que intentaba pasar página, pero no la dejan.
En esta sesión legislativas hay varias iniciativas a las que tenemos que mirar con lupa, porque sí, el diablo está en los detalles. Una de ellas es la SB1231, que pretende criminalizar a las personas indocumentadas solo por estar o llegar a Arizona; ahora viene la HCR2060, que da otro golpe bajo a los trabajadores en situación irregular.
Desde el 1 de enero de 2008, en Arizona es obligatorio que los empleadores verifiquen la elegibilidad de un trabajador de tiempo completo si quiere añadirlo a la nómina; si la persona fue contratada antes del 31 de diciembre de 2007 y continuaba en la misma compañía, no tenía que ir por el proceso. Esto podría cambiar.
En un intento por frenar la inmigración ilegal y mandar un mensaje contundente a la población en situación irregular en Arizona, en la sesión legislativa actual los legisladores estatales discuten la HCR2060, una medida que convertiría en crimen la omisión de utilizar el programa E-verify. Esta semana la propuesta de ley avanzó en el Comité de Apropiaciones de la Casa de Representantes 10 a 7 votos.
¿Qué significa esto? Una expansión del uso y la obligatoriedad de un programa que consiste en verificar que el nombre, la identificación y el número de Seguro Social de una persona coinciden con el individuo que está solicitando un trabajo. Desde el 2008, todos los negocios tienen que utilizar este sistema de gobierno, aunque la implementación nacional no es obligatoria.
La propuesta de ley pretende llevar este tema a la boleta electoral en las próximas elecciones de noviembre es impulsada por el representante estatal republicano Ben Toma, de Peoria, quien asegura que es un intento de espantar a los inmigrantes indocumentados y dejarles claro que en Arizona no son bienvenidos. Asimismo, se jacta de que este podría ser un modelo que ayude a todos estados a lidiar con lo que él llama una crisis creada por la falta de acción de las autoridades federales.
Pero poco habla de las repercusiones que tendrá en la economía local. No es ningún secreto que este país se beneficia de la mano migratoria sin autorización de trabajo y que cuando le conviene se hace de la vista gorda porque es más fácil y barato. Además, de por sí hay una escasez marcada de personal que se podría agravar con esta medida que solo pretende establecer crímenes y castigos, sin una solución ni a los problemas migratorios ni a los desafíos económicos.
