La Diputación Permanente resolvió exhortar a los 72 ayuntamientos y a los agentes del Ministerio Público, para que apliquen las disposiciones en materia de prevención y protección animal previstas en la Ley de protección a los animales para el Estado de Sonora y en el Código Penal del Estado de Sonora, a efecto de que se substancien los procedimientos administrativos e integren carpetas de investigación, respectivamente.
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La secretaria de la mesa directiva Brenda Lizeth Córdova Búzani, presentó la iniciativa con punto de Acuerdo, en la que planteó que se dote de validez y vigencia al marco normativo actual en materia de protección y maltrato animal, para que con la debida aplicación de las sanciones respectivas, se desincentiven las malas prácticas y se promueva una cultura de respeto hacia los animales y todos los seres vivientes, en aras de construir sociedades más empáticas, sanas y seguras para todas y todos los sonorenses.
Agregó que el marco normativo vigente en materia de protección y maltrato animal constituyó un gran avance que no debe ser desestimado y como ejemplo mencionó la creación de la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos de abigeato y en contra de los animales por actos de maltrato o crueldad, con la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado da seguimiento a esta problemática en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
“Sin embargo, es importante promover acciones para que este modelo se replique en otros municipios del Estado, con el apoyo de los diversos ayuntamientos y las diversas agencias del Ministerio Público que, aunque no se encuentren especializadas, puedan abrir las carpetas de investigación correspondientes”.
Sostuvo que el Acuerdo que hoy presenta ante la mesa directiva de la Diputación Permanente se justifica a pesar de los grandes avances, pues los esfuerzos todavía no han sido suficientes para frenar el maltrato del cual son víctimas los animales, ya que no se le ha dado la relevancia que requieren los procesos administrativos y penales susceptibles de substanciarse ante este tipo de casos.
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“En este contexto, es nuestra labor como legisladores cuestionar a las autoridades para que ejerzan debidamente sus atribuciones en esta materia, pues este Congreso aprueba ordenamientos legales que deben ser eficaces y aplicables para poder atender y regular la conducta humana, pues es precisamente mediante la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación, que se configura el Estado de Derecho”.
