Hace casi 2 meses fue asesinado uno de los testigos clave de la “Operación Safiro”. Aquella en la que presuntamente se ven inmiscuidos los gobernadores de Chihuahua, Durango, Sonora, Estado de México y el ex líder nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, a quienes se les acusa de presuntamente desviar poco más de 600 millones para las campañas electorales del año pasado en las que el tricolor fue aplastado por el efecto AMLO.
Ya se había escrito una columna sobre eso, la gran diferencia es que parece que existe un poco de luz en medio de la oscuridad que permea impunidad de algunos funcionarios. Luego de la visita de AMLO a Washington, de su discurso en el que da un espaldarazo entre líneas a la reelección de Donald Trump, a las pocas horas se le dio un regalo en agradecimiento. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, les fue entregado, será extraditado a México.
Ese pequeño personaje es buscado por un sinfín de cosas, pero en especial por desviar recursos. Parece que el caso de “Operación Safiro” no será cerrado del todo, ahora uno de los presuntos integrantes de la triangulación de recursos públicos con empresas fantasma que dirigieron presuntamente dichos fondos a la campaña electoral del tricolor, después de todo, Beltrones y compañía posiblemente estén un poco inquieto.
En los próximos días podría verse inmiscuida la actual gobernadora de Sonora, la emperatriz Claudia Pavlovich, en este embrollo, ya que presuntamente también está implicada, pues una investigación de mexicanos contra la corrupción, debe que otorgó la pequeña cantidad de 160 millones de pesos supuestamente.
La detención y futura declaración de César Duarte podría darle el “tiro de gracia” que le faltaba al tricolor y borrar por completo toda oportunidad de recuperar un poco del terreno perdido en las pasadas elecciones.
En cuestión de semanas, la cabeza del gobierno sonorense podría empezar a ser sacudida. Es momento para que los mexicanos no caigan en la justificación de “cacería de brujas” o persecución política, declaraciones que dan siempre todos los funcionarios al ser acusados de alguna falta grave.
La justicia debe ser pareja, si los implicados en la “Operación Safiro” resultan culpables, lo ideal sería no sólo que pagaran con cárcel, sino que se les decomisara todo bien material a su nombre para que reparen el daño a las arcas públicas.
Dependerá mucho de cómo las autoridades correspondientes preparen los expedientes y armen el caso contra los presuntos culpables, porque resulta común que atrapen a alguien buscado incluso por la Interpol, llegue a México, la fiscalía prepare el caso de forma tan errónea que la defensa gana fácilmente, culminando con una resolución del Poder Judicial a favor de quien se supone había evidencia de sobra para atraparlo.
Y para cerrar con “broche de oro”, la extradición y detención de Emilio Lozoya podrían poner en el universo a otros personajes importantes del tricolor, sin duda vienen meses tormentosos y de dar nombres de peso importante en sus declaraciones, Lozoya terminaría por rematar lo poco que queda del tricolor.
